El PSOE ha decidido llevar a los ámbitos local y regional las iniciativas contra la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Para ello, los socialistas presentarán mociones instando al Gobierno "a derogar" una norma "que no es más que una subida de impuestos y un subterfugio recaudatorio que atenta contra las economías familiares y la competitividad de las empresas".

El PSOE de La Rioja señala en nota de prensa que el Gobierno "está llevando a cabo una política energética en la dirección contraria a la defensa del interés general, cuyos resultados no pueden ser más calamitosos".

En el texto de la moción que se presentará, los socialistas emplazan al Gobierno "a dar un giro de 180º en su política energética, algo que sólo será posible", aseguran los dirigentes socialistas, "mediante una nueva Ley del sector eléctrico" que sustituya a la vigente 54/1997, "que se ha demostrado manifiestamente lesiva, y cuyas sucesivas y múltiples modificaciones parciales no sólo no la han corregido, sino que la han empeorado".

"Pedimos una nueva Ley que debería ir en la línea de converger con la estrategia energética europea, y en el marco de un acuerdo político y social lo más amplio posible lo que le daría una estabilidad que consideramos indispensable", señalan los socialistas riojanos.

En opinión de los socialistas, mientras se dota al país de ese nuevo marco, es imprescindible que el Gobierno "ponga fin a esta alocada carrera hacia ninguna parte y, entre otras medidas, mantenga la tarifa de último recurso (TUR) que afecta a la mayor parte de los consumidores".

En caso contrario, "su eliminación supondría que millones de familias sufrirán un más que notable incremento en su factura de la luz y añadirá más incertidumbre e inseguridad a los españoles, especialmente a los más vulnerables frente a la crisis. Un recibo de la luz que con el PP ha subido un 20 por ciento en el último año".

El PSOE emplaza además al Gobierno a "abrir una mesa de encuentro" con los agentes económicos y sociales, en la que se acuerden "mecanismos estables que aseguren que la energía sea factor de competitividad y generador de empleo de las empresas españolas, y no el lastre en el que la están convirtiendo sus decisiones".