El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la sociedad Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), participada en solitario por el Ayuntamiento hispalense, para elevar a un 30 por ciento los servicios mínimos decretados para el área de talleres en el marco de la huelga indefinida que vive esta empresa desde el domingo, según ha anunciado el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP). El concejal popular, igualmente, ha asegurado que persisten los actos vandálicos con el incendio de otros 12 contenedores de basura y ha acusado a la plantilla de "bloquear" los accesos de la planta de transferencia de residuos a través de un piquete.

El paro técnico comenzó la noche del pasado domingo y se traduciría ya en más de 2.800 toneladas de basura y residuos que esperan su recogida en las calles de Sevilla. Los servicios mínimos decretados para esta huelga por la delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo contemplan para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) un 30 por ciento de los efectivos durante las dos primeras semanas y un 40 por ciento a partir de la tercera, mientras para la limpieza viaria queda estipulado un 30 por ciento del personal durante las dos primeras semanas y un 35 por ciento a partir de la tercera.

Un mecánico por cada turno

El documento oficial de los servicios mínimos, recogido por Europa Press, asigna para cada turno de servicio un mecánico, un encargado y un capataz. Los centros sanitarios, mercados de abastos, colegios y mataderos contarán con un cien por ciento de servicios. Pues bien, después de que la comisión ejecutiva de Lipasam acordase impugnar estos servicios mínimos al entender que un solo mecánico para cada turno significa el funcionamiento de sólo un "tres por ciento" del área de talleres, el Alto Tribunal andaluz habría accedido a las medidas cautelares reclamadas por la empresa para que el número de mecánicos designados para los servicios mínimos se ajuste también a "un 30 por ciento". "El TSJA nos ha dado la razón", se ha ufanado Vílchez.

De otro lado, Maximiliano Vílchez ha asegurado que durante la madrugada de este viernes, un total de 12 contenedores de basura han sido incinerados y ya suman un total de 36, actos vandálicos que ha conectado con las movilizaciones de la plantilla de Lipasam en el marco de esta huelga indefinida. El concejal popular ha admitido que hechos como estos suceden en la ciudad aunque no medie un paro técnico de los trabajadores de Lipasam, pero ha defendido que, en todo caso, "se queman uno o dos contenedores" en una noche. Igualmente, ha asegurado que los piquetes informativos movilizados por la plantilla han "bloqueado" el acceso a la planta de transferencia de residuos de Lipasam, extremo que ha reprochado al propio comité de empresa.

Hoteles y restaurantes "autorizados" en la planta de transferencia

Sobre la planta de transferencia de residuos, Vílchez ha confirmado que, en efecto, "cinco hoteles, siete establecimientos de hostelería y una asociación de comerciantes" han sido autorizados a "llevar directamente" a estas instalaciones la basura generada en sus negocios. "Se les ha autorizado porque, por normativa, eso es posible", ha defendido Vílchez, quien de otro lado ha negado tajantemente las acusaciones del comité de empresa en cuanto a que los efectivos de Protección Civil están siendo destinados a la recogida de basura o que Lipasam esté contratando cubas para contrarrestar el paro técnico.

Por lo demás, Vílchez ha explicado que, según los cálculos de Lipasam, en la ciudad se acumulan ya más de 2.800 toneladas de basura a la espera de su recogida, si bien la Consejería de Salud y Bienestar Social habría "transmitido" al Ayuntamiento hispalense que la incidencia de este extremo en la salud de los ciudadanos es aún "baja". Por último, Vílchez ha invocado los acuerdos firmados en abril de 2012 entre la directiva y el comité de empresa de Lipasam para desconvocar la huelga promovida entonces en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo. Y es que dicho acuerdo contempla para la plantilla de Lipasam una reducción salarial del cinco por ciento y una ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

La aplicación de los recortes

El punto de fricción reside en que el comité de empresa reclama atenuar la reducción salarial merced al ahorro de costes ya cosechado por la empresa y se opone a que la ampliación de la jornada laboral repercuta en los descansos programados en Semana Santa, la Feria de Abril o la Navidad, extremo que según los sindicatos afectaría especialmente a las contrataciones eventuales que Lipasam promueve en estas fechas para que sus servicios se atengan al incremento de la demanda y los descansos de los empleados.