UPyD Extremadura ha sostenido que hay "irregularidades legislativas' en la conocida como 'ESO de los 1.000 euros', ya que según ha indicado el coordinador de la formación en la región, José Francisco Sigüenza, "contradice la Orden de 1 de agosto de 2008 por la que se regula la ESO para personas adultas en Extremadura".

Esta orden dice ya en su presentación que "la oferta se regirá por los principios de movilidad y transparencia", ha indicado UPyD en nota de prensa, en la que ha añadido que "aún no se ha acordado por parte de la consejería cuál será el procedimiento estándar que validará la entrega del importe anunciado de 1.000 euros".

"Por tanto, tenemos un ejemplo más de cómo las informaciones sobre Extremadura liderando los rankings de gobiernos poco transparentes son más que fundadas", ha aseverado UPyD Extremadura, quien ha lamentado la "falta de rigor y de formas" con las que el presidente del Ejecutivo regional, José Antonio Monago, y la consejera de Educación, Trinidad Nogales, tratan a la educación.

"Regalar 1.000 euros a alumnos por realizar la ESO es un agravio comparativo con aquellos estudiantes esforzados en su proceso educativo, y esto es incompatible con la actual teoría del esfuerzo y de la educación como herramienta igualitaria", ha apuntado.

En el comunicado de prensa, UPyD ha resaltado que la consejería, en "comunicaciones no oficiales", emplaza a los profesores a establecer el baremo, cuando "según su propio anuncio del 15/11/2012 por el que se da publicidad al Plan de la ESO para adultos, reservan a los docentes la función exclusiva de impartir las enseñanzas exigidas".

De la misma forma, la consejería indica, según expone, UPyD, "verbalmente siempre, que existirá una prueba paralela para la obtención de los 1.000 euros y que no será suficiente con aprobar las asignaturas".

"El peso de esta prueba en la propia obtención del título queda sin fijar o delegado en los profesores que en ningún momento deberían decidir acerca de una concesión de subvención, como es el caso", ha apuntado.

UPyD ha defendido que en una "sociedad democrática y transparente debe establecerse formalmente el modo en el cual se va a desembolsar ese dinero y no dejarlo a la improvisación", además ha exigido que "se regulen, por el procedimiento reglamentario, los requisitos y procesos para obtener la subvención de 1.000 euros".