Andalucía es, junto con Navarra, Cantabria y La Rioja, una de las cuatro comunidades autónomas españolas que menos dinero del Estado ha recibido a lo largo de este pasado año 2012 en materia de dependencia por la revisión a la baja de los grados de dependencia o por el estancamiento en la entrada de usuarios, o por ambos motivos.

Así se desprende del avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que ha tenido acceso Europa Press, y que detalla que a la comunidad andaluza se le asignaron un total de 345.892 euros en 2012, frente a los 356.668 de 2011, si bien el número de beneficiarios con prestación se incrementó, y ha pasado de los 191.330 de 2011 a un total de 192.532 en el pasado año.

Las otras comunidades que han recibido menos dinero han sido Navarra —cuyo número de beneficiarios con prestación ha ascendido en 2012 hasta un total de 8.612, y que ha contado con 12.569 euros designados, frente a los 13.081 de 2011—; Cantabria, con 14.090 beneficiarios con prestación y 19.458 euros designados en 2012 frente a los 20.586 de 2011—, y La Rioja, con 7.474 beneficiarios y 13.420 millones asignados en 2012, cifra inferior a los 13.786 de 2011.

Pese a ello, en su conjunto, el presupuesto destinado en 2012 y transferido a las comunidades autónomas ha aumentado en 122 millones más respecto a 2011, un 9,5 por ciento, hasta los 1.408 millones de euros, y el resto de comunidades autónomas ha recibido más dinero que el año pasado.

En concreto, Madrid recibió 141.977 euros (134.590 euros en 2011) y tuvo un total de 81.158 beneficiarios con prestación (76.674 el año pasado); País Vasco recibió 92.006 euros (66.191 euros en 2011), con 39.506 beneficiarios (43.541 en 2011); Asturias, 26.347 euros (23.639 euros en 2011) y 14.643 beneficiarios (13.890 en 2011); Baleares, con 18.762 euros (17.743 euros en 2011) y 9.534 beneficiarios (10.404 en 2011); Galicia, con 78.937 euros (58.681 euros en 2011) y 89.139 beneficiarios (34.092 en 2011); Extremadura, con 36.417 euros (frente a 33,766 euros en 2011) y 19.482 beneficiarios (18.249 en 2011); y Cataluña con 243.543 euros (210.249 euros en 2011) y 139.220 beneficiarios (118.890 en 2011).

Además, en Canarias se destinaron 28.867 euros (21.989 euros en 2011) y hubo 11.926 beneficiarios (10.505 en 2011); en la Comunidad Valenciana, con 43.145 euros (42.960 euros en 2011) se percibieron 82.549 euros (78.107 euros en 2011); en Castilla y León, 103.176 euros (86.485 euros el año pasado) y 62.108 beneficiarios (60.090 en 2011); en Castilla-La Mancha 67.171 euros (64.693 en 2011), con 38.620 beneficiarios (39.081 en 2011) y Aragón, con 41.041 euros (34.697 en 2011) y 21.413 beneficiarios (22.473 en 2011).

Suben los beneficiarios de prestaciones

De igual modo, en España el número de beneficiarios de prestaciones de dependencia en 2012 ascendió a un total de 770.945 personas —el 77 por ciento de las personas con derecho a prestación—, una cifra que supone un seis por ciento más en relación con el año anterior y un balance neto positivo de 18.944 personas.

Además, las personas que durante 2012 se han incorporado como nuevos beneficiarios de alguna prestación ascienden a 129.847, mientras que, de las 305.941 personas pendientes de recibir prestación a diciembre de 2011 —casi el 30 por ciento del total— se ha pasado a 230.203 personas a diciembre del año pasado —un 24,8 por ciento—, lo que supone "el porcentaje más bajo" desde la implantación de la Ley de Dependencia —hace seis años, desde 2007—, según ha destacado a Europa Press el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), César Antón.

Antón ha detallado que una de las prioridades de la ley durante el año pasado ha sido la de atender "primero a los que más tiempo llevan esperando y a los que más dependencia tienen". Además, ha subrayado de que, en este año, ha seguido aumentando "tanto el número de beneficiarios como la financiación del Estado", ya que, a su juicio, "más allá de los números y las estadísticas, hay personas y familias". En cualquier caso, ha pedido "no generar expectativas" y, de cara al futuro, ha apostado por "el orden, la simplificación y la mejora de la transparencia".