La Junta de Andalucía ha inspeccionado a lo largo de este pasado año 2012 un total de 292 instalaciones y entidades colaboradoras de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ubicadas en Andalucía para comprobar si cumplían los requisitos medioambientales exigidos y, en caso contrario, corregir las anomalías detectadas.

Según ha informado este domingo la Consejería en una nota, estas actuaciones se enmarcan en el plan sectorial de inspección, y se realizan en todas aquellas infraestructuras que cuentan con Autorizaciones Ambiental Integradas (AAI), Autorizaciones Ambientales Unificadas (AAU), Entidades Colaboradoras de la Consejería, así como en aquellas instalaciones que desarrollan actividades de control y vigilancia, como las que emiten compuestos orgánicos volátiles; estaciones depuradoras de aguas residuales, residuos, e instalaciones que gestionan subproductos animales no destinados a consumo humano (Sandach).

Por provincias, la mayor parte de las inspecciones de medioambientales —un total de 45— se han realizado en Málaga; que se ha situado así por delante de Granada, con 42; Jaén y Córdoba, ambas con 41. Las provincias de Sevilla —donde se han realizado 35 actuaciones—; Huelva, con 30; Almería, con 21, y Cádiz, con ocho, cierran esta clasificación. Asimismo, en las entidades colaboradoras de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se han llevado a cabo un total de 29 inspecciones.

Entre las inspecciones que se han realizado figuran aquellas destinadas a verificar la calidad de los Sistemas Automáticos de Medida asociados a focos estáticos de emisión atmosférica —según los criterios de la Norma UNE-EN 14181:2005—, así como a vigilar el cumplimiento de los condicionantes de las evaluaciones ambientales o las Declaraciones de Impacto Ambiental otorgadas a planes urbanísticos; y las que han puesto el foco en actividades que carecen de autorización ambiental o esta autorización no es adecuada a la normativa actual que se les aplicaría.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la Orden de 10 de noviembre de 1999 de la Consejería de Medio Ambiente, en la que se establecen los Planes de Inspecciones en materia medioambiental como "fórmula idónea" para prevenir los posibles impactos ambientales negativos y garantizar el cumplimiento de los condicionados ambientales aplicables a las diferentes actuaciones con incidencia en el medio natural.