La familia que donó el edificio a Adepas recuerda que existe una cláusula de exclusividad de uso

La familia que donó el edificio a la Asociación pro ayuda a deficientes psíquicos del Principado de Asturias (Adepas), en Noreña, recuerda a las administraciones local y regional que la donación se hizo con la condición de que "la entidad donataria destine la finca donada única y exclusivamente a los fines propios y específicos de dicha asociación".

La familia que donó el edificio a la Asociación pro ayuda a deficientes psíquicos del Principado de Asturias (Adepas), en Noreña, recuerda a las administraciones local y regional que la donación se hizo con la condición de que "la entidad donataria destine la finca donada única y exclusivamente a los fines propios y específicos de dicha asociación".

Así reza el acuerdo firmado el 13 de noviembre de 1965, al que ha tenido acceso Europa Press, ratificado por el notario Moisés Mori Fernández y en el que intervienen como donante Francisco Díaz Rato, en nombre y representación de Josefa Fanjul Rionda y Pedro Caravia Hevia, en nombre y representación como presidente de la 'Asociación Asturiana de Protección de Subnormales'.

En el documento de escritura se especifica en la cláusula segunda que "si la entidad donataria incumpliese la expresada condición, cualquiera que sea la causa, se entenderá resuelta la donación y la donante o quien sus derechos represente recobrará el pleno dominio de la finca donada".

Dentro de esta condición se debe "colocar en la fachada principal del edificio un letrero o rótulo con letras iguales o mayores a las que actualmente tiene, con la inscripción siguiente: 'Donación Familia Rionda'.

La permanencia de Adepas en Noreña está en entredicho después de que un error administrativo dejase a este centro fuera del acuerdo regional sobre concertación de plazas de alojamiento y plazas de centros de integración a personas con discapacidad.

El Ayuntamiento de Noreña rechazó en su día la propuesta del Principado para la gestión del centro. La idea consistía en que el Principado abonaría la ayuda al Ayuntamiento, y éste firmaría un convenio o adjudicaría la gestión a la asociación, previa cesión del inmueble del CAI a la Administración municipal. Tal cesión es obligada, según la responsable de Bienestar Social, para poder justificar la firma del nuevo convenio.

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