El Gobierno debe estudiar el cumplimiento de los planes de ajuste de las comunidades autónomas antes de decidir medidas coercitivas, como la intervención de una autonomía, tal y como señala la Ley de estabilidad presupuestaria.

Así ha respondido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo tome ya medidas contra la Generalitat de Cataluña después de anunciar que cerró el año 2012 con un déficit del 2,3 por ciento, lejos del 1,5 al que estaba obligada.

"El Gobierno lo que hace es cumplir la ley, examinar la ejecución de los planes de ajuste, sus cumplimientos e incumplimientos y procede como la normativa establece", se ha limitado a responder la vicepresidenta.

La Ley de estabilidad recoge en su artículo 25 y siguientes medidas coercitivas "en caso de falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio" de una comunidad. Hacienda debe comprobar ese incumplimiento antes de que se pongan marcha los mecanismos.

"En caso de que el informe verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas incluidas en el plan y ello motivara el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas previstas", dice la norma.

En concreto, y entre otras medidas, la administración responsable deberá aprobar la no disponibilidad de créditos hasta garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit, para lo cual tiene un plazo de 15 días. Además, "cuando resulte necesario" para cumplir con las imposiciones de Bruselas, el Estado pasará a ejercer la competencia sobre los tributos cedidos a la comunidad autónoma en cuestión.

Si estas herramientas no son suficientes o la administración en cuestión no las adopta, Hacienda podrá enviar una "comisión de expertos" para hacer un diagnóstico de la situación y ordenar medidas, que serán "de obligado cumplimiento".