La Fiscalía Provincial de Córdoba ha archivado las diligencias de investigación que se han abierto en 15 casos sobre la emisión de las participaciones preferentes, después de que la entidad bancaria haya pagado ya a estas personas que firmaron dicho producto financiero, la mayor parte en el norte de la provincia cordobesa, concretamente en el municipio de Villanueva de Córdoba.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, que detallan que tras recibir las denuncias de los perjudicados, unas 15, "se ha mandado una comunicación a la entidad bancaria pidiendo información y aclaración", y ésta "ha pagado al interesado íntegramente".

Por este motivo, "las diligencias han sido archivadas", porque, como reitera, "no había nada que motivase para continuar una investigación". Todo el trabajo ha sido coordinado por "un mismo fiscal, especializado en temas de consumidores y una autoridad, no solo en el ámbito nacional, sino en algunos casos internacionales".

En concreto, explican que las diligencias de investigación en el Ministerio Público se han abierto desde el verano de 2012, "solo cuando se trataba de actuaciones con personas mayores, con alguna discapacidad mental o con problemas". En definitiva, "personas que motivan que la actuación de la Fiscalía se produzca, porque no podían valerse por sí mismas", dado que "si era una persona que en pleno conocimiento de lo que hacía y ha pactado con el banco, el fiscal tiene poco que decir".

Cabe destacar que la Fiscalía Superior de Andalucía emitió un decreto en el que ordenaba a las fiscalías provinciales de la Comunidad Autónoma abrir diligencias de investigación penal para analizar la posible ilicitud en la emisión de las llamadas participaciones preferentes, dando por sentado que ha existido una "mala praxis generalizada" por parte de las entidades financieras denunciadas por este asunto.

El departamento que dirige el fiscal superior Jesús García Calderón incoó el caso después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le trasladara unos 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a estos productos financieros, que, según los datos de esta institución, podrían haber perjudicado a un total de 67.000 personas en Andalucía.