La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones, debatirá este martes las peticiones de comparecencia del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Grupo Mixto, para que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, o bien el de Interior, Jorge Fernández Díaz, comparezcan en la Cámara baja y, de forma extraordinaria, den cuenta del indulto concedido a un kamikaze condenado a 13 años de prisión por un accidente en la provincia de Valencia.

Fue el pasado 7 de diciembre cuando el Consejo de Ministros aprobó esta medida de gracia a un conductor condenado a 13 años de cárcel y, cuando sólo había permanecido diez meses en prisión, por un delito de conducción y por el que en 2003 mató a un joven al ir durante cinco kilómetros en sentido contrario en la AP-7 en el tramo de Silla-San Juan.

Así, el PSOE e IU-ICV-CHA han pedido por separado la comparecencia del ministro de Justicia para explicar las razones que han llevado al Ejecutivo a conceder el indulto a este kamikaze, que causó un choque mortal, así como la vinculación de su hijo con el bufete que gestionó la petición de la medida de gracia.

En concreto, en el escrito registrado por los socialistas se pide que Gallardón informe "de los criterios y razones que está teniendo en cuenta el Gobierno en el ejercicio de las facultades que tiene atribuidas en materia de indultos", con especial interés en el caso citado.

Precisamente este caso ha suscitado gran polémica dado que un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el bufete que defendió al conductor kamikaze indultado, el despacho de Uría y Menéndez, y que el abogado que le defendió fue Esteban Astarloa, hermano del exsecretario de Estado de Seguridad con Aznar, Ignacio Astarloa, actualmente diputado del PP.

En este sentido, el abogado de la familia del joven al que mató el kamikaze ha pedido al ministro de Justicia que explique los motivos por los que el Ejecutivo decidió dar este indulto, tras conocerse que el hijo de Gallardón trabaja en el citado despacho.

No obstante, según aseguraron fuentes del Ministerio de Justicia a Europa Press, el hijo de Alberto Ruiz-Gallardón que trabaja en el despacho de abogados de Uría y Menéndez no tuvo ninguna relación con el indulto al conductor kamikaze, además de que precisan que éste no estaba en España cuando se produjo la tramitación, aparte de que trabaja en el área Mercantil del bufete, y no en el área Penal.

También el ministro de interior

Desde IU-ICV-CHA y el Grupo Mixto, el diputado de IU, Ricardo Sixto, ha firmado la petición de comparecencia conjunta para que comparezca el ministro del Interior "dé cuenta de la diferencia de opiniones entre él y Gallardón, respecto el indulto del kamikaze que provocó un muerto y un herido".

"Esperamos aclaraciones respecto esta cuestión y por supuesto que se pueda anular el indulto", ha señalado el parlamentario de izquierdas, a la vez que ha insistido en la necesidad de que se revise la legislación y no se indulte determinantes delitos, como éste, o aquellos ligados a la corrupción.

"Consideramos que es una legislación obsoleta y muy arbitraria y que ha generado casos tan graves como el de los 'mossos de escuadra', que fueron indultados después de las torturas a un detenido, en contra incluso de la Fiscalía", según ha recordado.

Mientras, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que no es la "política" del Gobierno indultar a condenados por delitos contra la seguridad vial y ha señalado que el caso del 'kamikaze' indultado es "un caso excepcional" y pone de manifiesto que "en el futuro" el Ejecutivo tendrá "que estar más atento a algunas cuestiones".

Tasas judiciales

De igual forma, Alberto Ruiz-Gallardón tiene pendiente de aprobación la petición del PSOE para que, de forma extraordinaria, comparezca en la Cámara baja para dar cuenta de las intenciones del Gobierno respecto de la exención del abono de tasas judiciales a las víctimas de la violencia de género y del plazo previsto para su efectividad.

Al mismo tiempo, el PSOE también ha registrado cinco solicitudes de comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que se pronuncie sobre la privatización de los servicios públicos de salud en la Comunidad de Madrid, sobre la subasta de medicamentos en Andalucía y el cierre nocturno de servicios de urgencias en Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Mientras, la Diputación Permanente decidirá, a propuesta del PSOE también, si el titular de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, debe informar en el Congreso de las previsiones del Gobierno acerca de la aprobación del proyecto de Ley de Cadena Alimentaria.

A ello se añade una petición del Grupo Mixto y de Izquierda Plural para que el secretario general de Instituciones penitenciarias, Angel Yuste, informe de los acuerdos alcanzados con colegios y comunidades religiosas para que los condenados puedan realizar trabajos en beneficio de la comunidad.