La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha puntualizado que los datos que maneja el Gobierno de España sobre la gestión y financiación de la dependencia "son los que contiene el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas" y ha pedido a la Junta de Andalucía que "si está en desacuerdo con esos datos presente las alegaciones que considere pertinentes".

La información que el informe citado arroja sobre la Comunidad Autónoma andaluza en la gestión de la Dependencia es que se han producido "incidencias" en más de 48.000 expedientes, por lo que la Junta debe abonar al Estado un total de 157 millones de euros, ha señalado Crespo en una nota. La delegada del Gobierno ha manifestado que "ahora se debe comprobar si esa devolución se ha producido ya o no, pero en cualquier caso es dinero a devolver".

Por otra parte, y siempre según el Tribunal de Cuentas, la Junta andaluza tardaba una media de 301 días en reconocer el derecho de la persona dependiente mediante la consiguiente prestación. "No es la comunidad que más tiempo empleaba, pero sí está muy por encima de los seis meses de plazo que exige la ley, es decir, unos 180 días", explica la delegada.

Además, a la Junta de Andalucía se le detectaron 4.194 expedientes de personas fallecidas que seguían computándose como de usuarios. Por tanto, la Junta recibía dinero del Estado que se quedaba en el "limbo", en concreto, más de 24,2 millones de euros, cantidad que se reintegra al Imserso mediante el procedimiento de descontarla de las aportaciones que corresponden a Andalucía.

Por otra parte, según determina el Tribunal de Cuentas, tras cruzar los datos se identificaron en la comunidad otros 1.354 expedientes de personas fallecidas para las que se transfirieron cerca de cuatro millones de euros. Junto a ello, surgieron 889 expedientes duplicados, es decir, beneficiarios que recibían prestaciones por partida doble. La delegada destaca a este respecto que, siempre según el informe del Tribunal de Cuentas, "Andalucía es, con diferencia, la comunidad en la que más irregularidades de esta índole se detectaron", con una sobrefinanciación de 4,2 millones de euros.

"Por tanto, hay más de ocho millones de euros correspondientes a fallecidos y expedientes duplicados que no se sabe aún si la Junta ha devuelto, lo cual ahora se debe comprobar", ha señalado la delegada. Crespo ha insistido en que estos datos son del Tribunal de Cuentas y pertenecen a un informe que se fraguó en 2011, cuando aún gobernaba el PSOE, por lo que "no existe ninguna campaña contra la gestión de la dependencia por parte de la Junta, sino una voluntad firme de llevar la transparencia a la gestión del gasto público en cada ámbito de competencias y en colaboración con las restantes administraciones", ha declarado.

En este sentido, ha vuelto a pedir "cooperación frente a la confrontación" y que la Junta deje de culpar al Gobierno de España de "los problemas que surgen en cuestiones relativas a su estricto ámbito de gestión".