La titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha acordado suspender de forma cautelar el acuerdo de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Gandia (Valencia) por el que se aprobaba el expediente relativo a la contratación de la gestión del servicio público de aguas potables del municipio.

En su auto, la magistrada adopta esa "medida cautelar provisionalísima" hasta resolver sobre su levantamiento, mantenimiento o modificación, una vez oídas todas las partes, a raíz del recurso presentado por Aquagest Levante S.A., que alegaba la inminencia de finalización del plazo de presentación de licitaciones a la adjudicación del concurso para ese contrato —vence el martes 22—.

Esta mercantil solicitó la suspensión cautelar de esa licitación al considerar que "era favorable a Aguas de Valencia" dado que el pliego incluía una cláusula por la que el adjudicatario, como condición previa e indispensable para formalizar el contrato, deberá indemnizar a Aguas de Valencia con 86,52 millones de euros por la resolución anticipada del contrato vigente, celebrado por 50 años de duración por parte del Ayuntamiento con la compañía que preside Eugenio Calabuig.

Recurso por "quebrantar el principio de concurrencia competitiva"

Aquagest Levante S.A. alega que la vigencia de esta cláusula, y su materialización en la adjudicación del concurso, "podría hacer perder su finalidad al recurso al quebrantar el principio de concurrencia competitiva que rige la contratación administrativa", al considerar que "excluiría la concurrencia de cualquier otro licitador que no fuera Aguas de Valencia, dado el importe de esa indemnización".