TSJA anula la integración del personal de Dapsa en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía y la Asociación de Trabajadores de las Agencias Públicas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que estimaba el recurso de la Asociación Al Andalus de empleados públicos de la Junta de Andalucía, la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública y, por tanto, anula la integración del personal procedente Dapsa en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía y la Asociación de Trabajadores de las Agencias Públicas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que estimaba el recurso de la Asociación Al Andalus de empleados públicos de la Junta de Andalucía, la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública y, por tanto, anula la integración del personal procedente Dapsa en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

La sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press anula, en concreto, la regla 3ª del protocolo de integración de personal procedente de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (Dapsa) en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), aprobada por Resolución de 20 de abril de 2011 de la Secretaría General para la Administración Pública.

Así, la sentencia, contra dicha resolución no cabe recurso alguno, confirma en su integridad la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 declarando su conformidad a Derecho y condenando en costas a los recurrentes.

El TSJA vuelve a reiterar la doctrina ya asentada por el TSJA en relación al régimen de integración del personal procedente de las sociedades y fundaciones extinguidas en las agencias de nueva creación, señalando al respecto que "es cuestión central del recurso si el personal integrado entre en el ámbito del Estatuto del Empleado Público sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y, eso supone una huida del derecho administrativo y un desprecio al Estado de Derecho, en la medida en que los trabajadores integrados han eludido el acceso por principios de igualdad, mérito y capacidad".

"recogen frutos"

Por su parte, desde la Asociación Al Andalus de empleados públicos de la Junta de Andalucía, Rafael Delgado, ha mostrado su alegría por esta decisión judicial, tras "una lucha que se inicio hace mucho tiempo".

"Ahora se están recogiendo frutos y ya hay bastantes sentencias que señalan que la reordenación del sector público vulnera el artículo 14 y 23 de la Constitución España", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que esta sentencia del TSJA es definitiva y no cabe recurso de apelación. "Son numerosísimas las sentencias a nuestro favor y esta es la primera firme", ha indicado.

Por su parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha mostrado su satisfacción ante esta sentencia "sin precedentes" y ha agradecido la lucha llevada a cabo por todos los funcionarios públicos "contra el enchufismo implantado en la Administración y espera que éste sea el primero de otros fallos también definitivos".

SAF que ha recordado que ha ganado varias sentencias en primera instancia contra los protocolos de integración y los estatutos de las Agencias e incluso siguen adelante varias denuncias penales interpuestas a raíz de la Ley de reordenación del sector público andaluz, espera que la Administración acate este nuevo fallo "histórico".

"Un despilfarro excesivo de dinero público al integrar por la puerta de atrás, y a pesar de las sentencias existentes en primera instancia y los autos de suspensión cautelar, a miles de externos. La Junta vacía así los bolsillos de los ciudadanos andaluces en tiempos de crisis y sesga el acceso a la Función Pública permitiendo el mismo sólo a algunos privilegiados. Estas plazas podrían ser ofertadas como empleo público y podrían tener acceso todos los ciudadanos andaluces bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad", han apuntado desde el sindicato.

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