El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez (PP), ha reclamado al comité de empresa de la sociedad municipal Lipasam, que promueve una huelga indefinida a partir del 28 de enero, que trabaje "para evitar" que se materialice la convocatoria de huelga en lugar de anunciar ya su propuesta para los servicios mínimos de cara a la reunión auspiciada para el próximo 22 de enero por la Junta de Andalucía para definir este aspecto del paro técnico. "No es momento de pensar en los servicios mínimos, sino en cómo evitarle un conflicto a los sevillanos", dice Vílchez.

El concejal ha invocado "las premisas establecidas y firmadas por los sindicatos y el comité de empresa en abril de 2012" para la ampliación de la jornada laboral en Lipasam y la reducción salarial de la plantilla y ha considerado que "es una auténtica irresponsabilidad que el comité de empresa de Lipasam promueva la huelga en lugar de negociar". "No hemos dejado de negociar, son ellos los que han abandonado el diálogo y no proponen alternativas viables, ya que las propuestas que hacen ahora no pueden ser aplicables al no ajustarse a la realidad. La dirección de la empresa de Lipasam está en continuo contacto con los sindicatos y el comité de empresa, por lo que no pueden decir que no hablamos con ellos".

Los acuerdos de abril

El motivo del nuevo paro técnico, según informaba a Europa Press Antonio Bazo (CCOO), presidente del comité de empresa de Lipasam, no es otro que la fórmula elegida por la dirección para aplicar la reducción salarial del cinco por ciento acordada para esta sociedad municipal, así como el modelo de aplicación de la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aspectos ambos de obligatorio cumplimiento y contenidos en el acuerdo firmado en abril de 2012 entre las partes para desconvocar la huelga promovida entonces en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.

El delegado de Urbanismo, en ese sentido, se ha sorprendido de que el comité de empresa se desligue del mencionado acuerdo del mes de abril. "Está claro que se trata de una huelga política que el comité y los sindicatos están haciendo al margen de los trabajadores, puesto que lo que les lleva a esta convocatoria de huelga son motivos políticos y no laborales", dice alegando que tal acuerdo y su aplicación conducen a la "estabilidad de la empresa y la continuidad de los puestos de trabajo".

Cuestión de fórmulas

En la reunión mantenida entre la dirección y los sindicatos la semana pasada, la dirección comunicó al comité de empresa que está dispuesta a negociar la aplicación de las 37,5 horas semanales y la reducción salarial del cinco por ciento, según defiende el concejal. De esta forma, "se propuso por la dirección al comité de empresa el encontrar una fórmula para aplicar las 37,5 horas por semana y la reducción salarial, algo que ya se está aplicando en el resto de empresas y áreas del Ayuntamiento". "La Empresa está abierta a continuar la negociación y a encontrar fórmulas para mejorar la eficacia, siempre que representen ahorro para los sevillanos y contención de sus impuestos", ha asegurado Vílchez.

En este sentido, Vílchez ha destacado en este comunicado que "el hecho de que se haya convocado una huelga, y sobre todo con las condiciones en las que se ha convocado, no puede llevar a una negociación forzada, ni a ningún chantaje ni presiones"; y ha añadido que "la mesa de negociación está abierta, por lo que es el comité de empresa el que sistemáticamente utiliza el chantaje de la huelga como medida de negociación".

Aviso al comité de empresa

Por último, Maximiliano Vílchez ha indicado que "los sindicatos no pueden pensar que el hecho de convocar continuas huelgas indefinidas y su posible desconvocatoria posterior vaya a servir para que la dirección de la empresa no cumpla con su obligación de dirigir y organizar la empresa atendiendo al interés general, por lo que continuará aplicando las medidas de reorganización necesarias para que Sevilla esté cada vez más limpia, y sus calles libres de residuos. Máxime cuando existe el compromiso de mantener el empleo, el carácter público de la empresa y abonar religiosamente unos salarios mas que dignos, como se ha dicho anteriormente, a la plantilla".