La sustituta de Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Ana Rosa Curra, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Juan Francisco Algarín Lamela, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero "y con apariencia de legalidad" el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, la juez ha acordado el ingreso en la cárcel de Sevilla-I de Juan Francisco Algarín, a quien imputa un total de cinco delitos, en concreto cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado mes de septiembre al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos un oficio en el que señalaba que Juan Francisco Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros.

Las mismas fuentes consultadas han señalado a Europa Press que Algarín fue detenido por agentes de la UCO en la mañana de este lunes, tras lo que prestó declaración ante esta los agentes de esta Unidad por espacio de más de cinco horas en las que señaló que "llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos de la Delegación Provincial de Empleo".

De igual modo, y tal y como ha adelantado la cadena 'Ser', el imputado aseguró en su declaración ante los agentes de la UCO que, en algunas ocasiones, en lugar de llevar sobres "llevaba fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500 y 200 euros" en su interior, y que incluso en una ocasión se trasladó hasta Madrid para entregarle dinero "en persona" a Antonio José Albarracín, director general de la mediadora Vitalia.

Tras declarar ante la Guardia Civil, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, en función de guardia de detenidos, quien le tomó declaración entre las 1,35 horas y las 2,00 horas de este martes, momento en el que el juez interrumpió la misma y decidió prorrogar su detención hasta esta misma mañana, cuando ha comparecido entre las 12,30 y las 12,50 horas ante el Juzgado de Instrucción número 6, que es el que está hoy de guardia de detenidos y que, precisamente, instruye la causa de los ERE irregulares.

El detenido,

"bastante colaborador" con la juez

Según las mismas fuentes, el detenido, de 48 años de edad y que ha estado asistido por un abogado de oficio, se ha mostrado "bastante colaborador" con la Justicia durante su declaración ante la juez Ana Rosa Curra, que finalmente y a petición de Anticorrupción ha dictado un auto "bastante extenso" en el que acuerda el ingreso en prisión de Algarín, que actualmente se encuentra siguiendo un programa de rehabilitación en 'Proyecto Hombre'.

Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han explicado que, quizás, la juez sustituta de Mercedes Alaya haya decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza "a fin de salvaguardar" el secreto de sumario parcial que pesa sobre la nueva investigación que está realizando la Guardia Civil sobre los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

Precisamente, la detención de Juan Francisco Algarín se enmarca en esta nueva línea de investigación, han explicado las fuentes, quienes han subrayado que el detenido "actualmente no tiene recursos", pues ya no es administrador de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.' y se encuentra sin trabajo, siguiendo, como se ha dicho, un programa de rehabilitación en 'Proyecto Hombre'.

El oficio de la guardia civil

En el oficio entregado al Juzgado instructor, la UCO concluyó que el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, Estudios Jurídicos Villasís y el 'holding' Vitalia "utilizaron" al menos a tres empresas "pantalla", en concreto tres sociedades dedicadas a la mensajería, como son 'Atrado Mensajería', 'Estudios Agenciales S.L.' y la mencionada'Distripack Transporte Urgente S.L.', ninguna de las cuales permanece activa en la actualidad.

En el caso de ésta última empresa, señala que, del estudio de la documentación financiera relacionada con Algarín, "se ha podido comprobar cómo ha mantenido relaciones económicas —ingresos— con una serie de empresas beneficiarias de ayudas entre los años 2001 y 2006, en cuya concesión Juan Lanzas habría desarrollado un importante papel, y con empresas vinculadas de una u otra manera a éste".

De hecho, la UCO solicitó en su oficio que se reclamara de la asesoría jurídica de una entidad bancaria información sobre 12 cheques, por valor de 362.500 euros, "presentados a cobro" por el propio Algarín Lamela entre marzo de 2004 y enero de 2007.

1,5

Millones de euros

Asimismo, la Guardia Civil señala que, "de un primer análisis" de la información financiera relacionada con la mediadora Vitalia —y empresas vinculadas al Holding— y con Estudios Jurídicos Villasís, "se ha podido comprobar cómo ambas mantienen relaciones económicas entre los años 2003 y 2006" con 'Atrado Mensajería S.L.' y 'Estudios Agenciales S.L.', "en las cuales coincide como administrador único" Eduardo Leal del Real.

Precisamente, la UCO pidió que se requiriera información a distintas entidades bancarias en torno a 47 cheques por valor de 1,5 millones de euros "presentados a cobro" por el propio Eduardo Leal del Real entre febrero de 2003 y febrero de 2007.