El Ayuntamiento de Valencia aprobará entre este mes y el que viene la polémica ordenanza que sancionará la realización de servicios sexuales retribuidos en la calle con multas que irán de 300 a 2.000 euros.

Sin embargo, finalmente solo serán sancionados por esta práctica los clientes y no las prostitutas. Así lo acordaron ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez (PP), y el portavoz del PSPV, Joan Calabuig.

De esta forma, el equipo de gobierno municipal liderado por Rita Barberá ha modificado su postura inicial, puesto que el primer borrador de la ordenanza, publicado en febrero de 2012, establecía sanciones tanto para los clientes como para las meretrices.

Sin embargo, ante el aluvión de críticas por parte del PSPV, de Esquerra Unida y de Compromís, que se mostraron radicalmente en contra de denunciar a unas mujeres que ya de por sí están explotadas por los proxenetas, se paralizó la aprobación del texto.

Ahora, tras las protestas vecinales en barrios como Velluters, donde esta actividad se ha adueñado de las calles, se han retomado las negociaciones que fructificaron ayer con un principio de acuerdo entre el PP y el PSPV.

En este sentido, el portavoz socialista, Joan Calabuig, se mostró «satisfecho» por el cambio mostrado en el PP  para no sancionar a las prostitutas, aunque recordó que también hay que trabajar en la «reinserción de las mujeres y en el control de los locales» que albergan esta actividad.

Por su parte, tanto Esquerra Unida (EU) como Compromís criticaron a PP y PSPV por no haberles convocado a esta reunión. Así, la edil Rosa Albert (EU) calificó el proceso de «excluyente» y dijo que no apoyará la ordenanza porque es «puramente policial» y no prevé actuaciones de ayuda para las mujeres.

Por su parte, desde Compromís, Joan Ribó aseguró que tampoco apoyará el texto: «Hay que constiuir una mesa con todos los agentes sociales para solucionar cualquier molestia que tengan los vecinos», comentó.

Los vecinos piden celeridad

El presidente de la asociación de vecinos de Velluters, Ricardo Burguete, exigió ayer «celeridad» en la aprobación de la ordenanza, puesto que los políticos llevan «tres años diciendo que lo van a aprobar». Además, denunció que la prostitución no es el único problema del barrio, ya que en las últimas semanas ha repuntado «la venta de droga», especialmente «en la calle Palomar».