El PP dice que la consejera de Educación "creará mayor desigualdad" al eliminar conciertos

La parlamentaria andaluza y vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, ha lamentado este lunes que la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, al plantear la eliminación de conciertos con centros educativos privados, vaya a "crear mayor desigualdad y discriminación entre alumnos, además de negar un derecho constitucional a los padres, que no podrán elegir libremente el modelo educativo para sus hijos".

La parlamentaria andaluza y vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, ha lamentado este lunes que la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, al plantear la eliminación de conciertos con centros educativos privados, vaya a "crear mayor desigualdad y discriminación entre alumnos, además de negar un derecho constitucional a los padres, que no podrán elegir libremente el modelo educativo para sus hijos".

Obrero ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa, tras mantener un encuentro con representantes de la educación concertada de Córdoba y a raíz de que Moreno anunciara la pasada semana la apertura de un análisis "profundo" de la política de conciertos con centros educativos, siempre bajo las premisas del "respeto a la legalidad vigente" y "la defensa del modelo de escuela pública", lo cual, según Obrero, ha "desatado la preocupación, la inseguridad y el desasosiego en directores, profesores, en padres, madres y alumnos de centros concertados de Andalucía y en Córdoba".

A juicio de Obrero, "esta decisión que tiene claros tintes políticos, y representa el colofón de un largo y sigiloso proceso de marginación y de asfixia de la educación concertada, a lo largo de muchos años, para finalmente llevarlos al cierre".

Además, la consejera ha dado a conocer esta decisión "en pleno mes de enero, justo cuando los centros educativos tienen que renovar los conciertos para los próximos cuatro años, en base a una orden del 26 de diciembre (BOJA 4 de enero 2013)", de tal forma que "este anuncio de revisión, tal como lo ha hecho la consejera, atenta contra el sentido común, la libertad y la normativa vigente del reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985 de 18 de diciembre".

En opinión de Obrero, "la intención de la Junta implica dejar fuera de la propia Ley de Educación de Andalucía a la educación concertada e incumplir con el marco reglamentario de conciertos, el mismo en vigor desde hace cuatro años y que rige para todas las comunidades por igual, rompiendo asimismo los acuerdos alcanzados por la propia Consejería de Educación con la enseñanza concertada andaluza cuando se aprobó la Ley de Educación de Andalucía".

"Otra consecuencia social indirecta del modelo de PSOE e IU es dejar solo colegios públicos y colegios privados, lo que agravará la distinción entre alumnos que puedan costearse los estudios en un colegio privado y los que tengan que elegir necesariamente un colegio público", según Obrero.

La parlamentaria ha recordado que en debate parlamentario, la propia consejera de Educación "llegó a equiparar la educación pública y la educación sostenida con fondos públicos, es decir, la concertada, porque ambas eran financiadas con dinero de la administración andaluza, y sin embargo ahora cambia de opinión y pone de rodillas a la educación concertada, para darle un sablazo y acabar con ella".

Ante esto, Obrero ha planteado varias preguntas: "¿si la Junta acaba con los conciertos, tiene capacidad para ofrecer plazas escolares en los centros públicos de nuestra provincia?, ¿estaría garantizada la oferta de plazas en centros públicos para dar respuesta a la demanda de escolarización que comienza el próximo mes de marzo?, y ¿cómo puede una consejera lanzar este mensaje, sin tener un estudio cierto de esa capacidad de respuesta por parte de los centros públicos de Córdoba?".

Precisamente, desde el PP se ha demandado, "desde hace muchos años, la necesidad de contar con un mapa escolar que especifique las necesidades y carencias educativas de cada punto de nuestra provincia, y poder conocer la situación real de todos y cada uno de los centros, pero desde Educación siempre se han negado a hacerlo".

En el PP se considera que la escuela pública "es absolutamente compatible con la concertada, porque ambas son necesarias actualmente para escolarizar a los niños cordobeses, y decir lo contrario es negar la realidad educativa actual y querer romper con un sistema que se ha creado y que lleva funcionando así, precisamente porque los gobiernos socialistas lo han instaurado al frente de la Junta de Andalucía, después de 30 años de gobierno".

Por todo ello, el PP-A va a pedir la comparecencia de la consejera de Educación, "porque es la competente y la responsable única de la planificación y de la escolarización en Andalucía, y por tanto tiene que dar explicaciones sobre cuáles van a ser los criterios que va a seguir en la renovación de estos conciertos que están en el aire. Tiene que dar explicaciones porque la decisión es exclusivamente suya, porque existe una normativa actual que tiene que cumplir, y porque no puede escudarse en una reforma de Ley de Educación a nivel estatal, que aún está sin aprobar, pero que en todo caso contempla a la educación concertada".

Problemas endémicos

Para Obrero, "los problemas endémicos que sufre la educación en Andalucía, como el fracaso escolar de un 27,3 por ciento o el abandono temprano, que está en un 32,5 por ciento, superando en seis puntos a la media nacional, no se resuelven con recortes y con medidas que vienen a generar problemas donde no los había, sino con reformas estructurales que no se están acometiendo por el Gobierno bipartito en el sistema educativo andaluz".

"Ni una sola reforma estructural ha aprobado el Gobierno andaluz; hemos terminado el año 2012 con anuncios de recortes en educación en el presupuesto de 2013, más de 588 millones, un 9,3 por ciento menos que en 2012, y con una situación de impago generalizada a los centros educativos y a las empresas del sistema educativo, a los que les debe desde septiembre, y a los proveedores y prestadores de servicios desde hace más de ocho meses; situación que aún se mantiene y de la que la consejera no dice cómo y cuándo va a resolver", según ha resaltado Obrero.

En definitiva, la Junta "tiene muchos frentes abiertos que están por resolver, muchas decisiones sin consensuar y adoptadas con un componente elevado de ideología política, que están provocando mucha incertidumbre y malestar en el conjunto del sistema educativo andaluz", según ha señalado la parlamentaria andaluza del PP.

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