La Fiscalía de Sevilla ha denunciado a una empresa ante los juzgados de Alcalá de Guadaíra por tirar cubiertas de fibrocemento con amianto —material calificado como nocivo, tóxico y cancerígeno— procedentes de la demolición de cinco naves a lo largo de 4.000 metros cuadrados del núcleo urbano de esta localidad sevillana.

La denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, consultada por Europa Press, va dirigida contra la empresa Tomás de Ibarra 15, S.L.' y dos de sus responsables, así como contra una tercera persona que se encargó de las tareas de limpieza y desescombro de las mencionadas naves.

El Ministerio Público, que pide la imputación de todos ellos por un presunto delito contra el medio ambiente, relata que la citada empresa era titular de una parcela, ubicada en el paraje 'Huerta de Santa Ana', donde estaban instaladas cinco naves "en desuso y estado de abandono".

Dado el estado de las naves, el administrador de la empresa denunciada, J.M.M., encargó el 23 de enero de 2012 al también denunciado E.R.O. la limpieza y desescombro de las mismas, tras lo que procedió a su demolición "sin solicitar permiso ni licencia administrativa de ningún tipo ni asegurarse de la existencia o no en los materiales de dichas naves de elementos constructivos que pudieran resultar peligrosos o nocivos para el medio ambiente o la salud de las personas".

Además, y según el fiscal, "no consta" que por parte de la empresa ni de sus representantes "se adoptaran medidas de control o vigilancia de ningún tipo". Tras ello, la Guardia Civil visitó el 9 de febrero la parcela y constató la demolición de las cinco naves referidas, "hecho que había ocasionado el esparcimiento en una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados de sus respectivas cubiertas de fibrocemento con amianto".

El fiscal asevera que se trata de material calificado como nocivo, tóxico y cancerígeno y dice que los denunciados dejaron depositados sobre el terreno los mencionados restos, "sin constar ninguna advertencia de peligro ni acotada la parcela de modo que impidiera el acceso de viandantes desde el camino contiguo a la misma, y sin haber adoptado ninguna de las medidas" que para el tratamiento de estos materiales establece la Ley de residuos y suelos contaminados.

El fiscal pide la retirada de los residuos peligrosos

Los agentes de la Benemérita realizaron una nueva visita al terreno el 6 de noviembre y pudieron comprobar que los mencionados residuos continuaban depositados, "sin que por la sociedad titular del terreno se hubiera realizado acción alguna dirigida a su eliminación conforme a las normas que la regulan, ello a pesar de haber sido informados y advertidos al respecto por la Guardia Civil" tanto E.E.O. como la representante de la sociedad L.S.V..

El fiscal pide la declaración de los denunciados en calidad de imputados y que, por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se proceda al análisis de la muestra de sustancia recogida por la Guardia Civil a fin de informar sobre sus características y peligrosidad tanto para las personas como para el medio ambiente.

Como medidas cautelares, el representante del Ministerio Público solicita que, "en orden a evitar que se cause un perjuicio irreparable al bien jurídico protegido", como son el medio ambiente y la salud de las personas, se retiren los materiales y residuos peligrosos a costa de los denunciados.