El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza (PP), ha informado de que sus servicios jurídicos están investigando la presunta compra ilegal de participaciones preferentes por parte de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de la Diputación en el año 2009, cuando la institución estaba gobernada por el bipartito PSOE-IU. En este sentido, advierte que se exigirán responsabilidades "penales, administrativas y patrimoniales", si las hubiera.

En rueda de prensa, Loaiza ha explicado que haciendo las memorias anuales se llevaron la "sorpresa" de que se había invertido en un producto financiero "un tanto extraño", por lo que inmediatamente se solicitó la elaboración de un informe técnico y otro jurídico sobre el asunto.

Al parecer, la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo invirtió en 2009 unos 244.000 euros en participaciones preferentes de dos entidades financieras, siendo unos instrumentos que la empresa "no puede utilizar" conforme a la Ley de Haciendas Locales, que exige que cualquier producto financiero debe tener "seguridad y liquidez", cosa que no tienen las preferentes.

Subraya que esta es "como comprar acciones de otra empresa" y la inversión "no tenía seguridad ni liquidez", ya que no tienen un interés fijo y, según indica, su recuperación estaba prevista para el año 2022.

El presidente expone que, cuando se "lía el follón de las preferentes", la empresa hace un canje a fin de recuperar "el máximo posible", pero se ha perdido finalmente un 20 por ciento aproximadamente —cifra en 45.200 euros la cantidad que no se ha perdido por la utilización de ese instrumento financiero que "no tenía que haberse comprado"—.

IRREGULARIDADES

Como consecuencia, el presidente de la Diputación asegura que está "claro" que ha habido "presuntas irregularidades" por la utilización de este instrumento y ha puesto el acento en que ocurrió cuando gobernaban PSOE e IU en la Diputación, los mismos bajo cuyo mandato se produjeron las supuestas irregularidades del Plan Bahía Competitiva.

Incide en que se produjo "un mal uso del dinero público" al hacerse operaciones financieras que "no se tiene capacidad legal para hacer"; en que hubo "mala gestión y mal control" de la empresa; así como una "falta total de transparencia", ya que la Junta General de dicha empresa, que es el Pleno de la Diputación, "no ha tenido conocimiento nunca".

Considera Loaiza que hubo "un fallo total del Gobierno" provincial de aquel momento, "por falta de control si no se enteró, y si lo impulsó es un mal uso de fondos públicos". Por ello, entiende que PSOE e IU deben dar explicaciones al respecto. La adquisición de preferentes la firmó la gerente de dicha empresa pública, pero "queremos saber con conocimiento de quién", sentencia.