Los concursos de acreedores de empresas en España aumentaron un 35% en 2012, hasta contabilizar 7.233 insolvencias, según el Baremo Concursal publicado este jueves por la firma de consultoría PwC, que prevé que en 2013 continúe esta tendencia. El socio responsable de la Unidad Concursal de PwC, Enrique Bujidos, considera que la situación económica, en general, y la que vive el sector financiero, en particular, son los responsables del nuevo incremento de los concursos de las empresas.

"Cada vez existe menos margen para la refinanciación de la deuda" tanto para las compañías, que llevan muchos meses con un deterioro en sus cuentas de resultados, como para las entidades financieras, que tienen "serias restricciones para proporcionar dinero nuevo a las empresas", explica.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las que mayor actividad concursal experimentaron el pasado año, con casi la mitad de los concursos publicados en 2012. Les siguen de cerca Andalucía (10 %), Galicia (7 %) y País Vasco (7 %).

Por sectores de actividad, son las empresas constructoras e inmobiliarias las que acaparan el 43 % de los concursos de acreedores publicados, cuyo número siguió aumentando en 2012. Las previsiones para 2013 para estos sectores es que crezca el número de procedimientos concursales debido a las reformas en el sistema financiero y, especialmente, en lo que se refiere a los calendarios de provisiones de los créditos dudosos para los actividad financieros relacionados con el sector inmobiliario.

También otros sectores como el de la distribución o el industrial han concentrado incrementos del 47 % y 35 %, respectivamente, al tiempo que destaca también el crecimiento de los concursos en las empresas de servicios. La mayoría de las empresas concursadas en 2012 cuentan con un activo inferior a 2 millones de euros, en tanto que el promedio del valor del activo de las empresas que han presentado concurso el pasado año ha disminuido un 16 % respecto a 2011.

En función del número de empleados, las empresas con menos de 50 trabajadores son las más afectadas por los concursos de acreedores, al tiempo que se ha producido un significativo incremento en el número de empleados afectados al encontrarse sus empresas en concurso.

El informe destaca que la legislación concursal "frena la recuperación de la actividad empresarial" y pide reorientar esta Ley hacia la supervivencia de los negocios, mediante la desjudicialización de la práctica concursal con la implantación de procesos preconcursales de mediación.

Asimismo, considera que los acreedores deberían poder participar de forma activa, mediante la creación de la figura del Comité de Acreedores, en la toma de decisiones que permitan la recuperación de sus créditos sustituyendo gran parte de la labor que realizan hoy los administradores concursales y el propio juez.