El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha apuntado que ha empezado a recibir notificaciones de allanamientos y desestimientos por parte de la Junta de Andalucía en los procedimientos judiciales y abiertos y recursos interpuestos contra la revocación parcial de las bases de los concursos de méritos para el personal funcionario del Gobierno andaluz.

En una nota remitida a Europa Press, el SAF destaca que la Junta está dando cumplimiento a la orden emitida en diciembre de 2012 por la que se autoriza el desestimiento o allanamiento en los recursos contenciosos administrativos interpuestos contra la revocación parcial de las bases de estos concursos de méritos.

A través de esta orden, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, autoriza a su gabinete jurídico a desistirse "con la mayor celeridad posible" para cumplir con los fallos firmes, que, según recuerda el SAF "han sido conseguidos por el Sindicato Andaluz de Funcionarios ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

En esta orden, Martínez Aguayo argumenta el motivo del desistimiento de los recursos interpuestos que no es otro que las "sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 16 de octubre —sede de Sevilla— y 29 de octubre de 2012 —sede de Granada—, en las que, con diferente fundamentación jurídica, los efectos y alcance de las mismas resultan coincidentes, las cuales declaran la nulidad de la Orden/Resolución de 14 de noviembre de 2011".

El SAF recuerda que ambas sentencias "dieron la razón definitivamente al Sindicato Andaluz de Funcionarios encumbrando como logro sin precedentes la lucha que este sindicato ha llevado a cabo contra la ilegal modificación de las bases del concurso de méritos y contra la imposición de una rebaremación injustificada, perjudicial e innecesaria".

Asimismo, según precisa el sindicato en su nota, la consejera de Hacienda alude en la orden al informe emitido por el gabinete jurídico que concluye que "en definitiva, la anulación de la modificación de las bases provoca que éstas recobren su contenido originario, conforme al actual, en consecuencia, debería la Administración resolver aquellos concursos (...) Por ello, sería preciso que la Administración adoptara las decisiones oportunas en orden a la finalización de tales procedimientos judiciales, lo que supondría el levantamiento de la suspensión judicial que, como se ha expuesto, impide actualmente a la resolución de los concursos".

Para el SAF, de esta manera, "la Junta de Andalucía por fin se da por aludida y comienza a cumplir las exigencias dadas por el TSJA en las tres sentencias que respaldan los argumentos esgrimidos por el Sindicato y que han sido las causantes de acabar con la polémica rebaremación del concurso de méritos".

Asimismo, el sindicato destaca que la consejera de Hacienda y Administración Pública deja claro que, "a fin de dar cumplimiento y virtualidad a la declarada nulidad —refiriéndose a los fallos dictados a favor de SAF—, con la mayor celeridad exigible, se estima necesario instar otros modos de terminación de los procesos judiciales pendientes de sentencia, de acuerdo lo previsto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, mediante el allanamiento o desistimiento".

Agrega que Martínez Aguayo dispone "autorizar al gabinete jurídico, por medio del letrado o letrada de la Junta de Andalucía que ostente la defensa y representación procesal correspondiente, a desistirse o allanarse, según proceda, en todos los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra las resoluciones de 14 de noviembre de 2011, de las entonces delegaciones provinciales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por las que se revocan parcialmente las bases del concurso de méritos convocados por las respectivas Resoluciones de 2 de marzo de 2011, publicadas en BOJA número 232, de 25 de noviembre".

SAF se reserva el derecho a continuar ejerciendo las actuaciones legales a su alcance "para rematar un logro que es histórico por tumbar la rebaremación de una manera drástica y por los graves perjuicios causados a miles de funcionarios públicos, no sólo de índole económica sino también liquidando de un plumazo la igualdad y la conciliación de la vida laboral y familiar".