Los acreedores de Contsa Corporación Empresarial, sociedad declarada en concurso, creen que finalmente no van a percibir "nada" de las cantidades que les adeudan, aunque esperarán al final del proceso de liquidación para decidir si emprenden o no medidas judiciales, tras lo que consideran "inaceptable" que el proceso judicial "haya durado cinco años, desde febrero de 2008".

Los acreedores han valorado así el hecho de que el propietario de Contsa Corporación Empresarial haya decidido no recurrir la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla que rechazaba su propuesta de convenio de acreedores, por lo que ahora la sociedad entrará en liquidación. Contsa cuenta con 1.700 acreedores ordinarios.

Fuentes de los acreedores han indicado a Europa Press que a partir de ahora se abrirá el proceso de liquidación, toda vez que los propios acreedores no podían recurrir la sentencia, algo solo potestad de la propia empresa que presentó el convenio.

Las fuentes explicaron que en su momento los acreedores presentaron su propio convenio, pero posteriormente la empresa presentó un convenio "similar al nuestro", puesto que contemplaba "pagar el 50 por ciento de la deuda y de los créditos a cinco años, sin intereses, algo muy parecido a lo que pedíamos los acreedores, que solo pedimos que nos devuelvan nuestro dinero".

Por ello, el convenio presentado por los acreedores quedó absorbido y supeditado al convenio presentado por Contsa —al proponer lo mismo—, y el convenio de la empresa ahora ha sido rechazado por el juez, rechazo que no va a ser recurrido.

De esta forma, no se va a aprobar ningún convenio de acreedores y la sociedad entrará en liquidación.

Tras la resolución judicial, los acreedores tienen la percepción de que "no vamos a cobrar ni a percibir ninguna cantidad", aunque van a esperar a que concluya la liquidación para ver el resultado. "Tendremos que esperar hasta el último momento", han agregado.

De esta manera, una vez que concluya dicha liquidación, "cada acreedor planteará de forma individual lo que considere oportuno iniciar, si emprender acciones contra la empresa, contra los administradores concursales, contra el juez o contra nadie". "Cada acreedor decidirá si se siente perjudicada respecto al resultado de la liquidación, si ha conseguido recuperar o no las cantidades debidas", han agregado.

Precisan que esas posibles acciones serían individuales de cada acreedor, una vez que culmine la liquidación y se obtenga o no resultados económicos, aunque recuerdan que "la ley prevé que se pueden hacer reclamaciones conjuntas".

Los acreedores reconocen sentirse "totalmente desamparados" y "sin protección judicial efectiva" y consideran "inaceptable" que el concurso y el proceso judicial de dicho concurso haya durado cinco años, ya que "cuando una empresa está inactiva cinco años, es normal que al final se vaya al garete".

"Es incomprensible que un concurso iniciado en febrero de 2008, cuando estamos en enero de 2013 no se haya aún resuelto", han agregado las fuentes de los acreedores, quienes se muestran "pesimistas" sobre el resultado y creen que "los acreedores no vamos a cobrar nada tras haber esperado cinco años".

Consideran que en esos cinco años "los acreedores hubieran podido cobrar ya, pues el procedimiento judicial va a durar más que el propio convenio planteado por acreedores".

Los acreedores han lamentado este tiempo que "ni por parte del juzgado ni por parte de los administradores concursales se ha establecido ninguna medida para proteger la empresa y evitar la liquidación". Han recordado que había más de 100 inmuebles cuando empezó el concurso.