Se calcula que un 13% de las viviendas del país están vacías y cerradas. Según datos del Ministerio de Fomento, hay en España 3.091.596 viviendas vacías, de un parque de casi 26 millones.

Es un enorme número de pisos y casas en el que ha sido, hasta hace cinco años, el paraíso del ladrillo nuevo. El dato sorprende y hasta alarma si pensamos en la de miles de familias que son desahuciadas cada año. Y más sorprende pensar que una parte de esos 3 millones son viviendas públicas (se desconoce cuántas).

La oficina del Defensor del Pueblo ha detectado a través de diversas investigaciones numerosos casos de personas pertenecientes a colectivos vulnerables que pasan mucho tiempo a la espera de que se les adjudique una vivienda pública.

Por ello, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, prepara un informe sobre las Viviendas de protección Pública (VPP) vacías que existen en España, que previsiblemente será presentado al Parlamento en los primeros meses de 2013.

En opinión de esta institución, muchas de las VPP vacías podrían, mediante distintas fórmulas con las administraciones, ser utilizadas por familias que en estos momentos carecen de ellas. Se trata, aseguran, de paliar la situación que viven muchas personas, que, como consecuencia de la crisis, han perdido su vivienda.

Para la elaboración del informe, la Institución ha abierto investigaciones de oficio con las 17 comunidades autónomas y con las ciudades de Ceuta y Melilla, que ya han contestado a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Asimismo, se han incluido nueve municipios con más de 350.000 habitantes.

Las actuaciones iniciadas por la oficina del Defensor del Pueblo con este informe buscan determinar las causas de por las que se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para ponerlas en uso, por primera vez, si son nuevas, o para revisar su estado, si ya han estado ocupada antes.

El documento incluirá recomendaciones para fomentar el mercado del alquiler, también para las viviendas públicas, y para propiciar que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos propietarios de viviendas protegidas vacías flexibilicen los requisitos de acceso a las mismas para que un mayor número de solicitantes puedan resultar beneficiarios.