La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta cree que los representantes del Partido Popular en Andalucía "olvidan que es el Gobierno de Mariano Rajoy el que ha optado por desmantelar las políticas sociales en España, con medidas que están resquebrajando el Estado del Bienestar y dejando totalmente desprotegidos a los más desfavorecidos".

De esta manera responde el departamento de María Jesús Montero a las declaraciones de la parlamentaria andaluza del PP Esperanza Oña, que ha anunciado este martes que su grupo llevará al Parlamento autonómico una Proposición No de Ley (PNL) en la que se exige el mantenimiento de los puestos de trabajo de aquellas personas encargadas de tramitar los expedientes de la Ley de Dependencia, en peligro tras el recorte de más de 10 millones de euros que el Gobierno andaluz ha anunciado recientemente. Oña ha precisado que si se suprimen los contratos de estas personas se producirá "una mala aplicación de la Ley de Dependencia y también un recorte de los derechos de los andaluces en materia social".

Para la Consejería la actitud de los representantes del PP-A es "hipócrita y manipuladora", en cuanto que "olvidan que es el Gobierno de Rajoy el que ha optado por desmantelar las políticas sociales" en España. Además, subraya que es, "precisamente", la Junta la que "soporta el peso de los recortes en prestaciones y ayudas a las familias, que el PP se atreve de calificar de ahorro".

De otro lado, lamenta que Oña diga que su partido defenderá la continuidad de los trabajadores de la Dependencia, "olvidando que ha sido la Junta la que ha aprobado recientemente en Consejo de Gobierno la distribución de 10,3 millones de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 81 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar, durante el presente año, el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales contratados como personal de refuerzo para la atención a la Dependencia".

En este sentido, la Consejería de Salud añade que los Servicios Sociales Comunitarios se encargan, entre otras funciones, de gestionar la ayuda a domicilio, tramitar ayudas y prestar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales, mientras que la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.

Así, desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos para la contratación, por parte de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, de personal de refuerzo para la implantación e impulso de la Ley, ya que las entidades locales constituyen, a través de los servicios sociales comunitarios, la puerta de entrada al sistema de dependencia y donde se inicia la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de este derecho.

En total, y teniendo en cuenta los recursos que se aprobarán para 2013, la Junta de Andalucía ha destinado a la contratación de personal de refuerzo un total de 121,1 millones de euros, que han posibilitado el impulso de la Ley de la Dependencia de la mano de estos trabajadores municipales diseminados por todo el territorio andaluz.

Actualmente, el refuerzo de personal de trabajo social se considera prioritario para asumir el lógico ritmo de reposición dentro del sistema de Dependencia, así como las funciones asignadas en materia de revisión de prestaciones y seguimiento de la correcta aplicación de los Programas Individuales de Atención (PIA), asegurando la adecuación de los servicios o prestaciones a las necesidades de las personas a las que fueron prescritos.

Al hilo de esto, explica que el retraso decidido por el Gobierno de España para la entrada en vigor de la efectividad del derecho a la prestación a las personas con dependencia moderada hasta 2015, hace que "no sea necesario en estos momentos un refuerzo de personal que asuma funciones de tramitación masiva de inicio de nuevos expedientes correspondientes a la incorporación de este colectivo al sistema, como sí sucedía al comienzo de la implantación de la Ley".

Por último, la Consejería recuerda que para la Junta, la sanidad y el bienestar social "siguen siendo ejes prioritarios" y lamenta que sea "el Gobierno de Rajoy el único que retira prestaciones y ayudas a las familias sin remordimiento alguno y encarga a sus compañeros de partido a criticar cualquier medida que contrarreste esta estrategia de desmantelamiento del Estado del Bienestar en España".