Un total de 377 municipios de Andalucía, que reúnen a una población de 7,1 millones de personas —el 87 por ciento del conjunto de habitantes andaluces— tienen ya abiertos los registros municipales de demandantes de vivienda protegida y cuentan, por tanto, con el mecanismo para la inscripción de solicitantes de VPO.

Así lo ha dado a conocer en una nota la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, que también ha precisado que otros 200 ayuntamientos ya pueden usar la aplicación informática que facilita el desarrollo y la gestión de estas bases de datos que ha diseñado el departamento que dirige Elena Cortés para que se puedan realizar las correspondientes inscripciones de las solicitudes procedentes de demandantes de esta tipología residencial "a precio asequible".

De esta forma, son 577 los municipios de la comunidad que trabajan con este instrumento. Por provincias, Granada es la que concentra un mayor número de estas localidades —110—, seguida de Sevilla, con 92; Almería, con 74; Málaga, con 69; Jaén, con 66; Córdoba, con 65; Huelva, con 61, y Cádiz, que, con 40, cierra la lista.

Todos estos consistorios tienen la posibilidad de manejar los tres niveles de uso con los que cuenta el programa, que permiten inscribir y adjudicar los inmuebles entre los ciudadanos registrados en las bases de datos.

Según ha recordado la Junta, el registro municipal de demandante está contemplado en la Ley del Derecho a la Vivienda como "clave" para conocer las necesidades de inmuebles protegidos en cada municipio de la comunidad y ajustar consecuentemente la oferta y, hasta el momento, un total de 734 ayuntamientos de los 771 de la comunidad han aprobado las ordenanzas para crear estos registros.

Asimismo, estas bases no sólo incluyen cuántos ciudadanos tienen derecho a una vivienda protegida en cada localidad, sino que también caracterizan la demanda en función de las necesidades familiares, de forma que se tienen en cuenta el régimen al que opta el interesado —en venta o en alquiler—, la tipología de vivienda —si es adaptada o no—, y la superficie y distribución del inmueble, entre otras variables, y, además, permiten que los ciudadanos soliciten una VPO hasta en tres municipios distintos, consignando cuál es su localidad de preferencia.

En estas bases de datos pueden inscribirse todas las personas que demanden una VPO o un alojamiento protegido y que cumplan los requisitos legales para acceder a uno. Con esta información "contrastada y sistematizada" se elaboran los planes municipales de vivienda de una forma "mucho más ajustada" a las necesidades.

En total, los registros que están actualmente en funcionamiento contabilizan 88.405 demandantes inscritos, de los que el 77 por ciento no supera 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que equivale a unos 19.000 euros brutos anuales, y otro 18 por ciento se sitúa en la horquilla comprendida entre el 1,5 y el 2,5 veces el indicador de renta, es decir hasta los 29.000 euros brutos.

De este modo, ambos tramos de ingresos suman el 95 por ciento de la demanda, de forma que tan sólo el cinco por ciento restante de los solicitantes cuenta con niveles de renta más elevados superiores al 2,5 veces el Iprem.

Tendencia al alquiler

Por otra parte, la Junta ha constatado "un cambio de tendencia" en las preferencias de los adjudicatarios de estas viviendas, ya que un 47 por ciento de éstos se decantan por el alquiler con opción a compra como modalidad preferida de tenencia de la vivienda, por delante de la venta, que hasta ahora era la opción más habitual y tradicional, lo cual encaja con el espíritu del nuevo Plan de Vivienda en el que trabaja la Consejería de Fomento y Vivienda, que "orientará sus grandes líneas estratégicas" precisamente hacia esta modalidad de tenencia.

La modalidad del alquiler con opción a compra ofrece la posibilidad de acceder a la propiedad del inmueble pasados diez años, con la particularidad de que al precio final del piso se le descontará parte del dinero que se haya abonado en concepto de rentas.

Dado que el umbral económico establecido para acceder a esta tipología residencial está en los 3,5 Iprem, es decir, unos 40.000 euros brutos anuales, a esta modalidad podría acceder "casi la totalidad" de los andaluces que están registrados en las bases de datos municipales. En concreto, el alquiler concentra el 17 por ciento de las preferencias de los interesados, y la venta, el 36 por ciento.

Por último, de acuerdo con la información recabada por la Junta, las unidades familiares menores de 35 años constituyen el perfil mayoritario, con casi un 63 por ciento de la demanda, seguido del colectivo de edad media, comprendida entre los 35 y los 65 años, con un índice del 34 por ciento, mientras que el restante dos por ciento corresponde a la población mayor a los 65 años.

En cuanto a la tipología de vivienda que incluyen los demandantes entre sus preferencias, los tres y dos dormitorios concentran la mayoría de las peticiones.