El cien por cien de las web de comercio electrónico inspeccionadas por el Servicio de Consumo en Granada en 2012, un total de 35, han presentado irregularidades, dando lugar a las correspondientes actas positivas y su traslado a la sección encargada del procedimiento sancionador.

La campaña de inspección de comercio electrónico ha sido realizada por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de los Servicios Provinciales de Consumo, y está destinada a comprobar, a través del análisis e inspección de las páginas web, el grado de cumplimiento de la legalidad vigente, en materia de consumo, de los ofertantes de productos y servicios, y a garantizar la veracidad de la información en la venta de los bienes ofertados electrónicamente a consumidores finales.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Consumo de Granada, las irregularidades más frecuentes detectadas han sido, en el 97 por ciento de los casos, cláusulas abusivas en los contratos, como prácticas desleales con los consumidores; por ejemplo, en la devolución del producto defectuoso es el empresario el que determina si el producto está o no correcto; en tarjetas regalo se pone límite de fecha y si no se hace uso se pierde el importe, o, en caso de desistimiento, que sea el consumidor el que corra con los gastos de envío.

En estos casos, hay tres supuestos en los que el consumidor puede decir que el bien no se corresponde con el contrato: cuando no responde a lo publicitado, cuando no tiene las características que se decían en el contrato, o cuando no cumple con la función que se debe esperar que cumpla. El consumidor puede pedir la sustitución de los bienes, su reparación, un descuento o la devolución del dinero.

En el 34 por ciento de las web inspeccionadas, Consumo ha detectado incumplimientos en la indicación de precios, ya que debe constar el precio total incluidos los impuestos, y en el 88 por ciento el incumplimiento de información de la venta de bienes (quién paga el transporte, forma de pago) , o irregularidades también en la contratación a distancia (hay derecho a desistimiento).

Con respecto a este ultimo, el consumidor ha de saber que en las compras por Internet el empresario contratante deberá informarle por escrito en el documento contractual, de manera clara, comprensible y precisa, del derecho de desistir del contrato y de los requisitos y consecuencias de su ejercicio, incluidas las modalidades de restitución del bien o servicio recibido y que esta devolución será sin gasto adicional alguno. Deberá entregarle, además, un documento de desistimiento, identificado claramente como tal, que exprese el nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse y los datos de identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere.

Consumo informa además de que el usuario dispone de un plazo mínimo de siete días hábiles desde la recepción del producto para ejercer el derecho de desistimiento, es decir, para devolver el producto sin tener que argumentar el motivo de la devolución (se excluyen todos aquellos productos que pueden ser reproducidos).

En los últimos años ha habido un importante incremento en la utilización de este tipo de comercio. Este crecimiento es el resultante de la evolución de tres variables principales: número de internautas, proporción de internautas que realizan compras online y gasto medio por comprador. Sin embargo, la variable principal que explica la evolución de este sector es el incremento en gasto medio por comprador.

En muchas ocasiones el consumidor, que es la parte más vulnerable, actúa con desconfianza hacia el comercio electrónico y por ello los ordenamientos jurídicos de los diferentes países tienden a protegerlo mediante las adecuadas normas legislativas e igualmente desde la Administración Pública con competencia en defensa y protección de consumidores y usuarios se ponen en marcha procedimientos de control y vigilancia, con el objetivo de evitar actividades ilícitas y la comisión de infracciones.

Por ello, la campaña de inspección puesta en marcha por la Junta de Andalucía ha tenido los siguientes objetivos: El control legal de las personas físicas y/o jurídicas que oferten productos y/o servicios a través de páginas web, en cuanto a lugar de establecimiento, identificación, actividad, oferta y condiciones generales de contratación; y la obtención de datos suficientes que permitan mejorar la información que recibe el consumidor a través de Internet, tanto de los productos ofrecidos como de sus derechos y obligaciones.