El macrojuicio por el caso Pallerols, que debía comenzar este lunes en la Audiencia de Barcelona, se ha aplazado hasta el martes  mientras las partes negocian un acuerdo que evite la celebración del proceso, en el que la Fiscalía reclama a UDC casi 200.000 euros como partícipe de la trama a título lucrativo.

Según han informado fuentes judiciales, la vista del caso Pallerols debía iniciarse a las 10.30 de este lunes en la Audiencia de Barcelona, pero, antes de comenzar, los letrados de los procesados, acusaciones y defensas se han reunido para intentar alcanzar un acuerdo que evite la celebración del macrojuicio, que podría alargarse durante varios meses.

La Fiscalía pide penas de hasta 11 años de prisión por el llamado caso Pallerols, un entramado para el supuesto desvío de fondos públicos procedentes de cursos de formación subvencionados por la Unión Europea que implica a dos ex altos cargos de la Consellería de Trabajo y a militantes de Unio Democràtica de Catalunya (UDC).

Las partes implicadas en el proceso se han dado de plazo hasta el martes por la tarde, cuando estaba previsto el inicio de la segunda vista oral del juicio, para alcanzar un acuerdo que comporte una rebaja de las penas de prisión e inhabilitación y posiblemente de las indemnizaciones.

La Fiscalía reclama 200.000 euros a UDC como partícipe a título lucrativo de la trama, dado que considera que se quedó con parte del dinero desviado.

El caso Pallerols, que estalló al final de los años de gobierno de Jordi Pujol, sentará en el banquillo de los acusados —si no hay un acuerdo de última hora— a seis procesados, entre ellos dos ex altos cargos de la consellería de Trabajo y a militantes de Unió, acusados de urdir una trama para desviar el 10% de las partidas para cursos de formación subvencionados por la Unión Europea.

En su escrito de acusación provisional, el fiscal apunta que la trama adjudicó entre 1994 y 1999 cursos de formación por un total de 8,8 millones de euros desde el departamento de Trabajo, dirigido por UDC, a tres sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols, a cambio de que les devolviera un 10% del importe, que en buena parte acabó en las arcas de Unió.

Según el fiscal, el caso vino propiciado por una "confluencia de intereses" entre Fidel Pallarols, ex altos cargos del departamento de Trabajo y exdirigentes de Unió acusados, ya que el empresario andorrano pudo incrementar la actividad de sus empresas, mientras que los políticos vieron la oportunidad de obtener de las subvenciones una vía para sufragar gastos del partido, de los responsables del departamento y también personales.

El fiscal considera que el entonces director general de Ocupación Lluis Gavaldá, para quien pide 9 años de cárcel, jugó un papel "determinante" en la trama junto con la ex directora general de Ocupación Dolors Llorens, para quien también reclama 9 años, ya que ambos intervinieron "de forma decisiva" en la concesión de las subvenciones y se lucraron con la operación.

Por el contrario, el fiscal exculpa al entonces conseller de Trabajo Ignasi Farreras porque considera que, si bien era quien firmaba la concesión de las subvenciones, lo hacía fruto de una "mera revisión formal del expediente" que le llegaba "directamente condicionada y determinada" por los informes previos tramitados y gestionados por la dirección general dirigida por Lluis Gavaldá.

El fiscal considera además que el exdirigente de Unió, Vicenç Gavaldá, hermano del exdirector de Trabajo, jugó un "papel decisivo" en la trama, ya que medió para que dicho departamento adjudicara los cursos a las empresas de Pallerols y urdió entre ambas partes el desvío de fondos, por lo que le pide 11 años de cárcel.

El ministerio público también pide 11 años de cárcel para Fidel Pallerols, un empresario que mantenía una estrecha relación personal con Lluis Gavaldá, ya que ambos compartían celebraciones familiares, vacaciones e inversiones empresariales.