Latbus ha despedido a 25 trabajadores por protagonizar presuntamente "altercados" a las puertas de las cocheras con motivo de la huelga convocada el pasado mes de diciembre, y los empleados afectados han anunciado que van a demandar a la empresa al considerar que estos despidos "no tienen fundamento".

Los 25 trabajadores fueron despedidos el 27 de diciembre, y se corresponden con los 25 expedientados con motivo de la huelga de 11 días que fue convocada en protesta por las medidas previstas por la empresa, que contemplan un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 53 trabajadores, así como una rebaja de sueldo a los empleados.

La empresa criticó que estos 25 trabajadores habían protagonizado "altercados" en la puerta de las cocheras, al "retrasar" hasta una hora y media la salida de los autobuses que estaban "cumpliendo los servicios mínimos".

En declaraciones a Europa Press, el director adjunto de Latbus, Fulgencio Jiménez, ha explicado que todos los medios de comunicación fueron testigos de "cómo se obstaculizó la salida de los autobuses", y de cómo un piquete "de muy pocas personas" estaba "perjudicando a miles de ciudadanos e increpando a los compañeros que querían trabajar".

"Latbus respeta el derecho a la huelga y al trabajo", según Jiménez, quien considera que se "pisoteó los derechos de los ciudadanos y de los empleados". Por ello, explica que la empresa decidió abrir un expediente diciplinario que determinó que los participantes en el piquete habían cometido "una falta muy grave cuya sanción está tipificada con el despido procedente".

En este sentido, recuerda que las propias administraciones y órganos encargados de velar por el cumplimiento de los servicios mínimos "constataron los constantes incumplimientos durante los días de huelga".

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité de Empresa, Francisco Tomás Muñoz, ha considerado que es "mucha casualidad" que 23 de los despedidos estuvieran incluidos en el ERE, y que los otros dos sean él mismo y otro delegado del Comité de Empresa.

De hecho, la situación de Muñoz es particular, porque es delegado sindical y no podrá ser excluidos del Comité de Empresa hasta que no haya "una sentencia en firme" que los respalde, según el todavía presidente, quien ha denunciado judicialmente que la empresa le impide el acceso a las instalaciones para hablar con sus compañeros.

Con los 23 despidos de trabajadores incluidos en el ERE, Muñoz cree que la empresa está intentando "evitar" el pago de las indemnizaciones de 20 días por año trabajado que tendría que abonarles.

Por el contrario, Latbus considera que esta afirmación no es más que un intento de "engañar a la sociedad" y que se expedientó a los empleados que se manifestaron en la puerta. "Ni siquiera todos los afectados por el ERE formaban parte del piquete, eran menos de la mitad", aclara.

Precisamente, el presidente del Comité de Empresa ha anunciado que este miércoles va a tener lugar una reunión entre los 25 empleados afectados, que van a demandar a la empresa con la intención de que sea un juez el que decida sobre los despidos que, a su juicio, no tienen "ni pies ni cabeza".

El presidente del Comité de Empresa ha admitido que había un grupo permanente de trabajadores en las puertas de las cocheras que oscilaba entre 20 y 80 participantes protestando por el incumplimiento de los servicios mínimos. Estos concentrados "estaban charlando, como es normal entre compañeros", según el presidente.

Muñoz defiende que no hubo "ningún altercado" y que la Policía no tuvo que intervenir en ningún momento. De hecho, los afectados van a solicitar a la Policía los informes elaborados con motivo de la huelga por agentes de paisano para demostrar "que no hubo incidentes ni intervención policial".

Incluso, Muñoz recuerda que los autobuses de las líneas regulares experimentaron retrasos durante la huelga, pero "muchos de ellos" los achaca a que se dio prioridad a los autobuses escolares, que cumplieron sus servicios al 100 por ciento.

"Ni se obstaculizó ni se coaccionó a los trabajadores", insiste Muñoz, quien justifica su propia participación, diciendo que él estaba supervisando el cumplimiento de los servicios mínimos y sólo se dirigió a los trabajadores congregados en la puerta para pedir que dejaran pasar a los autobuses, al ser requerido por los propios directivos de la empresa.

En este sentido, Muñoz explica que los trabajadores no estaban de acuerdo con los servicios mínimos que la empresa desplegó y que, a su juicio, "eran abusivos", tal y como lo denunció el Comité de Empresa ante la inspección de trabajo y la Dirección General de Transportes.

En referencia a las denuncias por unos servicios mínimos abusivos, Latbus afirma que, en un estado de derecho, cuando se considera que se vulnera una norma "corresponde hacer una denuncia", y las administraciones públicas "son las encargadas de velar por el cumplimiento".

"intimidación y coacción"

Muñoz critica que, durante la huelga, Latbus "intimidó y coaccionó" a los trabajadores a través de mensajes de texto y carteles colgados en la empresa para que firmaran un documento reclamando su derecho al trabajo, amenazándoles con que, de lo contrario, "no les iba a dar trabajo".

El texto fue suscrito por unos 200 conductores, de los 316 que hay en la empresa, por el "miedo a ser castigados", añade Muñoz. Como consecuencia de la firma de ese documento, el Comité de Empresa decidió desconvocar la huelga, puesto que reconocieron estar en minoría.

Muñoz lamenta que los 70 trabajadores que decidieron no firmar este documento "están siendo castigados ahora por la empresa, que les cambia de horarios, de turnos y de líneas".

Latbus, a través de su director adjunto, desmiente "rotundamente" que haya realizado "la más mínima amenaza o coacción", y replica que la empresa "se ha visto afectada por la crisis" y considera que va a salir adelante "con el apoyo de toda la plantilla. Al contrario, lamenta que la forma de solucionar esta cuestión "no es bloquear la salida de los trabajadores".

Los 25 empleados despedidos se han quedado "sin sueldo" y tienen que pedir cita para solicitar el paro. Posteriormente, el juez tendrá que decidir si se les readmite o no, en un proceso que tardará "unos cuatro meses" siempre que la empresa decida no recurrir la decisión, calcula Muñoz.

Estos 25 trabajadores tenían una antigüedad media de entre 10 y 12 años, aunque algunos alcanzaban hasta 23 años, como es el caso del propio Muñoz.

De momento, Muñoz afirma que los trabajadores afectados no se van a quedar de brazos cruzados y, durante estos días, van a preparar un calendario de actuaciones, van a protestar ante la Comunidad Autónoma y van a realizar una rueda de prensa.