El PSIB defenderá en el Parlament una Proposición No de Ley para que los trabajadores públicos de la comunidad cobren, al menos, el 25 por ciento de la paga extra de Navidad que les corresponde, tal y como recomienda la Defensora del Pueblo.

En un comunicado, la diputada socialista Pilar Costa ha explicado que, puesto que el Gobierno central anunció la suspensión de la paga extra a mediados de julio, "es lógico que los trabajadores reciban, al menos, la parte que les corresponde del mes y medio durante el cual trabajaron y no se había suspendido el derecho a cobrar esta paga".

De esta manera, los socialistas se suman a la reivindicación realizada desde la oficina del Defensor del Pueblo, que en el mes de octubre recomendó al Ejecutivo central reconocer el derecho de los trabajadores a esta parte de la paga extra, que supondría sobre el 25 por ciento del salario.

La Defensora del Pueblo consideró que, de acuerdo con la jurisprudencia existente, el Real Decreto Ley 20/2012 no podía ser retroactivo y, por ello, sólo puede suspender la paga extra a partir de su promulgación y no en la parte ya acumulada en el mes y medio anterior.

La diputada socialista ha recordado que gobiernos autonómicos como el de Extremadura o Navarra han encontrado soluciones alternativas para poder pagar a sus trabajadores en enero el sueldo extra. No han restituido la paga de Nadal, sino que han adelantado la de junio, ha indicado.

De esta manera, la propuesta de los diputados socialistas defiende que, en el caso de que el Govern no quiera pagar la parte proporcional de la paga de Navidad que corresponde a los funcionarios, avance la que está prevista para junio. "Si otros gobiernos han podido encontrar una solución, el presidente José Ramón Bauzá también debería ser capaz, si realmente tiene voluntad política", ha apuntado.

Finalmente, el PSIB ha hecho hincapié en que la eliminación de la paga extra, el aumento de horas de trabajo y otras medidas han provocado fuertes protestas por parte de los trabajadores afectados. Además, según los socialistas, la reducción de la capacidad adquisitiva de los funcionarios afectará a la recuperación de la economía balear.