El Gobierno de Cantabria ha aprobado el decreto por el que se crea la Central de Contratación, que dependerá de la Consejería de Presidencia y Justicia y mejorará, según el Ejecutivo regional, la "utilización eficiente" de los fondos destinados a la realización de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios en la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado este sábado en un comunicado el Ejecutivo regional, en el que explica que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno regula la contratación centralizada y la distribución de las competencias en esta materia para conseguir economías de escala.

Para la contratación centralizada, el decreto recoge varias técnicas de racionalización de la contratación, como los acuerdos marcos, la articulación de un sistema dinámico y la creación posterior de un catálogo con las obras, suministros y servicios homologados de referencia.

Según se explica, "periódicamente" se evaluarán los resultados obtenidos del nuevo modelo de contratación administrativa, a fin de acreditar el alcance de su eficacia.

La contratación centralizada responde, según ha señalado el Ejecutivo, al objetivo de eficiencia, estabilidad presupuestaria y racionalización del gasto que se ha marcado.

De hecho, el Ejecutivo estima que la Central de Contratación es un "instrumento necesario" para racionalizar la política de compras, contar con sistemas de información comunes y unificar los criterios de los distintos órganos administrativos con el fin de ahorrar, reducir los precios y los costes de transacción y mejorar y profesionalizar la gestión de la contratación, facilitando además el acceso a la contratación de las pymes.

El Gobierno ha subrayado que, con la creación de la Central, Cantabria "se adelanta "a las futuras modificaciones legislativas derivadas del 'Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la Unión Europea', que impulsa la contratación centralizada, la simplificación de los procesos de contratación en la administración pública y el fomento del uso de la contratación electrónica como medio para racionalizar el gasto público.

Por otra parte, ha mantenido que no supondrá un incremento del gasto en materia de personal, dado que la dotación de los recursos humanos de la nueva Central se integra de personal de la propia Administración autonómica.