La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha señalado este miércoles que corresponde al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse sobre si la "desproporción" de algunas tasas judiciales puede suponer "una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva".

Bravo —que ha mantenido una reunión en Valencia junto al vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa; la presidenta del TSJCV, Pilar de Oliva; y el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano—, se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, preguntada por si considera que el TC puede acabar matizando o eliminando las tasas judiciales puestas en marcha por el Gobierno central.

La portavoz del CGPJ ha recordado que este órgano, en el informe que aprobó en el mes de mayo, "ya constató cuáles eran los puntos que entendíamos que podían obstaculizar el derecho a la tutela judicial efectiva".

Al respecto, ha asegurado que algunas de las recomendaciones que planteó el CGPJ, sobre todo las referentes a la parte más técnica, "fueron asumidas por el prelegislador y también por el parlamento". En esta línea, ha señalado que ahora "ya es una cuestión del TC", que debe "valorar si la desproporción de alguna de las tasas, podría ser una vulneración de ese derecho".

Así, ha hecho hincapié en que "corresponde al Tribunal Constitucional estudiarlo y valorarlo", dado que el Consejo General del Poder Judicial "ya se limitó a fijar aquellos puntos que nos parecían quizá problemáticos".

LEGALIDAD

Por su parte, Fernando de Rosa ha señalado que el CGPJ "en ningún momento puso en duda la legalidad o la constitucionalidad de las tasas como concepto", y ha añadido que el TC ya se pronunció "en su momento" y dijo que "las tasas judiciales eran perfectamente constitucionales".

De este modo, ha recordado que queda pendiente "la cuestión que planteó el Consejo de algunas cuantías en las que se podía pensar que pueden ser excesivas en algunos supuestos concretos". No obstante, se ha mostrado convencido de que "serán matizadas y que lo resolverá el propio Tribunal".

"Esperamos que se alcance una situación en la que todos los derechos fundamentales, que son la propia facultad de establecer las propias tasas y también el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, lleguen a ese punto de acuerdo para conciliar todos los derechos".