Nuclenor, empresa titular de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ha subrayado que mantener la central operativa hasta julio de 2013, fecha en la que estaba previsto su cierre, le obligaría a pagar 161 millones de euros en impuestos, es decir, 1,5 veces lo que prevé de ingresos por venta de energía.

En este sentido, recalca que las nuevas tasas nucleares supondrían para Garoña un extra-coste medio de 16 euros por cada megavatio/hora producido, es decir, un incremento del 27 por ciento sobre su coste medio de generación.

"La aplicación de los nuevos impuestos recogidos en la norma deja a Nuclenor fuera de mercado y obliga al cierre anticipado de la planta en 2012", señala para justificar el cierre anticipado de la planta tras la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética, que recoge nuevos impuestos energéticos.

La compañía detalla que, según el proyecto de ley, las tasas que Nuclenor debería abonar con el escenario de cese de actividad el 6 de julio de 2013 serían un impuesto del 7 por ciento por la generación eléctrica hasta julio de 2013, es decir, 7,4 millones euros; y una tasa de 2.190 euros por cada kilogramo de uranio que se extraiga del reactor en 2013, es decir, 153,2 millones euros. Además, tendría que abonar una tasa sobre generación de residuos de baja y media que le supondría otros 400.000 euros.

Asimismo, señala que el mantenimiento de la operación de la planta hasta 2019, fecha hasta la que en principio había solicitado operar Nuclenor, conduciría a unas pérdidas de unos 96 millones de euros, lo que, según asegura, "hace inviable económicamente el mantenimiento", a no ser que "se modifique sustancialmente la norma.

Igualmente, recuerda que en su recurso ante la Audiencia Nacional presentado en 2009 contra la orden de cierre de la central, planteaba un lucro cesante de algo más de 950 millones de euros en el escenario de operación hasta 2029. Para el horizonte de operación hasta 2019, indica que el lucro cesante ascendía a 385,6 millones de euros. Sin embargo, señala que en la situación económica actual, de caída de la demanda y precios de mercado, "las previsiones se reducen significativamente".

Por ello, señala que el impacto total de los nuevos impuestos según el proyecto de ley en tramitación, en los seis años y medio de operación restante hasta 2019, sería de 374 millones de euros. "Si a esta cantidad le sumamos las mayores inversiones como consecuencia de las pruebas de resistencia y las modificaciones desde 2009 de los precios de mercado, peajes tasas, se alcanzaría un extracoste aproximado de 480 millones de euros", concluye.