El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSRM, Marcos Ros, ha exigido al Gobierno regional que elabore con urgencia un informe sobre cuántos municipios han aplicado la denominada fórmula del 'teletransporte' urbanístico sobre suelos de protección específica, que ha sido declarada ilegal por una sentencia judicial, y que paralice temporalmente su desarrollo y gestión.

En rueda de prensa, Ros ha explicado que la figura que se conoce comúnmente como 'teletransporte' fue creada por la Ley del Suelo de 1998, y permitía que una administración no tuviera que expropiar terrenos para construir sistemas generales de equipamientos, como carreteras u hospitales.

Gracias a esta figura urbanística, la administración correspondiente se podía hacer con los terrenos "a cambio de otorgar a los propietarios la posibilidad de sumar su edificabilidad a urbanizaciones que se iban a desarrollar en otro lugar". De esta manera, la administración no se gastaba el dinero.

Sin embargo, ha lamentado que el Ayuntamiento de Murcia fue la primera administración que comenzó a "darle la vuelta" a este mecanismo a partir de 2001 y 2003, y permitió a particulares "acumular edificabilidad en urbanizaciones que ya estaban planificadas, a cambio de facilitar a la administración un suelo que no tenía previsto obtener".

Por tanto, "se pasó de un sistema con el cual la administración daba edificabilidad a cambio de un suelo que necesita, a ser un mecanismo en virtud del cual los propietarios daban un suelo que no necesitaban a cambio de una edificabilidad que les hacía falta".

Sin embargo, Ros advierte que en algunos casos "se le dio una vuelta de tuerca y se llegó más lejos", porque algunos propietarios cedieron a la administración suelo de protección específica a cambio de edificabilidad, es decir, superficie con una especial protección ambiental, como parques regionales, Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), entre otras.

Por eso, la sentencia del TSJ viene a decir que "no todo vale" en la "fiesta del urbanismo que se dio desde 1998 hasta 2009" y, específicamente, "no se puede hacer teletransporte con suelo que está protegido por otras normativas", añade el responsable socialista.

En este sentido, Ros ha pedido "que se deje de utilizar esta fórmula en suelo no urbanizable, tanto si son terrenos con protección específica como si no lo son, porque el mecanismo se está usando de forma arbitraria". A su juicio, la fórmula de adscripción "debe quedar bien clara en los planes generales".

Fallo del tsj

En este sentido, ha recordado que la lectura de la sentencia 91/2011 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) "no deja lugar a dudas de que la adscripción de sistemas generales a suelo urbanizable, conocida coloquialmente como teletransportación, no se puede realizar con suelos de protección específica".

Ha admitido que este fallo "sólo afecta a la actuación de interés regional de Marina de Cope", pero explica que la sentencia "dice claramente que las categorías de suelo no urbanizable no pueden confundirse con los sistemas generales".

Puesto que se trata de una sentencia "firme" del TSJ y confirmada por el Tribunal Supremo, Ros cree que la Administración "debe tomar buena nota y revisar otros lugares donde se haya realizado". De hecho, recuerda que hay algunos ayuntamientos en los que han admitido que alguna de sus actuaciones tendrán que ser revisadas y algunas urbanizaciones tendrán que perder viviendas.

En el caso de Marina de Cope, Ros ha señalado que hay aproximadamente unos tres millones de metros cuadrados de suelo específicamente protegido que se adscribían a la actuación, lo que generaba una edificabilidad de unas 4.000 ó 4.500 viviendas que, tras la sentencia, no se podrán incorporar a la urbanización.

Ros considera que esta situación "está empezando a provocar inseguridad jurídica y económica, porque ahora, los propietarios de determinados suelos que se calificaron como sistema general no saben muy bien cómo van a quedar al amparo de la sentencia judicial".

Por ello, ha pedido a la Administración que actúe "cuanto antes", para clarificar "una situación que tiene unas repercusiones económicas muy importantes", ya que los millones de metros cuadrados que pueden estar afectados por "esta vuelta atrás y que pueden volver a ser suelos no urbanizables, están incluidos en valoraciones económicas, están avalados y están hipotecados".

El responsable socialista ha pedido que, "de una vez por todas, la Comunidad Autónoma y el Gobierno del Partido Popular se den cuenta de que es necesario cambiar el modelo urbanístico en la Región de Murcia, un modelo que ha acentuado las consecuencias de la crisis en esta Región".

"Es necesario fijar un nuevo rumbo urbanístico, una política de planificación territorial coherente, respetuosa con nuestros valores naturales, culturales, paisajísticos y económicos, que articule la población de la región en función de unos intereses estratégicos económicos, turísticos, industriales y culturales, en lugar de primar la política del ladrillo a toda costa", aseveró.

Ha explicado que el PSOE ha puesto a trabajar a sus grupos municipales para que revisen sus planes generales de ordenación urbanística para intentar cuantificar el terreno afectado. De todas formas, reconoce que es algo complicado de realizar porque los planes son instrumentos "muy amplios" y los grupos municipales del PSOE "no tienen muchas veces técnicos".