La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas que suman siete años de prisión a un grupo integrado por cinco personas, entre ellas un guardia civil y un vigilante de seguridad portuario, que, entre 2006 y 2007, conspiraron para introducir un "gran" alijo de hachís a través del litoral de Carboneras (Almería) procedente de Marruecos.

La banda contó para planificar la operación, que finalmente no se llegó a ejecutar, con la participación activa del agente S.S.B., quien, a cambio de 30.000 euros e "incumpliendo con los deberes inherentes a su cargo", se prestó a dar cobertura de seguridad al alijo con datos sobre el punto más favorable para el desembarco, y sobre los medios personales y técnicos de los que podía disponer el Instituto Armado en ese lugar y en el momento elegido.

Los cinco acusados mostraron conformidad en el acto de juicio, celebrado ante el tribunal de la Sección Segunda, con las penas interesadas por el Ministerio Público, que modificó el escrito de calificación provisional y aplicó la atenuante de dilaciones indebidas.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, P.M.E.C., J.G.B. y L.G.B. planificaron en los primeros meses de 2006, junto a otras personas que no han sido identificadas y con conexiones con terceros en Marruecos, la realización de los "actos necesarios" para introducir en territorio nacional una gran cantidad de hachís a través bien de un barco pesquero, bien de una lancha rápida hasta el litoral de Carboneras.

Para este fin, contactaron con J.C.O.C., vigilante de seguridad del puerto de este municipio, y con S.S.B., destinado en Extremadura aunque originario de Carboneras y "conocedor del funcionamiento" de los servicios fiscales del Instituto Armado en la zona y, por tanto, la persona adecuada para "para procurar impunidad" a la operación.

El tribunal resalta que cada uno de los acusados tenía un rol definido en la banda, de modo que J.G.B. y L.G.B., tío y sobrino entre si, eran los encargados de contactar con los responsables de la seguridad y, "como conocedores del mundo del mar", con algún armador que pudiese prestar su pesquero a cambio de precio para transportar el alijo mientras que P.M.E.C. asumió un "papel preponderante" en las comunicaciones del grupo, que se realizaban de forma frecuente por vía telefónica y en un lenguaje "críptico".

El primer intento "en firme y con todo preparado" para ejecutar el plan se produjo en los primeros días de junio de 2006. Pese a que el agente de la Guardia Civil se desplazó desde su destino a Carboneras de forma "urgente" ante la "inminencia" del alijo, este finalmente no se llevó a cabo al existir "desacuerdos de última hora" con los dueños del barco pesquero, que solicitaron 60.000 euros por participar. Una semana después hubo un segundo intento en iguales condiciones que fue abortado por "fuertes disensiones" entre P.M.E.C. y J.G.B.

Cambio de '

Modus operandi'

Una vez se superaron los problemas entre los integrantes de la red, estos decidieron, ante la interceptación en julio y agosto de dos pesqueros con hachís en el puerto de Almerimar, en El Ejido, modificar el plan original por consejo del agente S.S.B., quien abogó por el uso de lanchas rápidas cargadas en alta mar y sugirió que eligieran la festividad de la Virgen del Pilar para ejecutarlo "por lo que, según ellos, podía suponer de reducción de efectivos de la Benemérita en vigilancia de las costas".

Tampoco este intento fructificó ya que toparon con problemas en el abastecimiento de la droga, al coincidir la fecha escogida con la festividad musulmana del Ramadán, por lo que optaron en aplazarlo a noviembre de 2006. En esta ocasión, se frustró porque los jefes de la organización rechazaron las pretensiones económicas del guardia civil, que pidió el dinero "pactado por adelantado" y un coche cuya 2titularidad habría de formalizarse a nombre de su madre o de su hermano".

La banda fue desmantelada finalmente en febrero de 2007 en una operación que fue el germen de la conocida como operación 'Mamola', que se saldó dos meses después con el arresto de 39 personas, entre ellas tres guardias civiles, y la aprehensión de 20 toneladas de hachís.

En el momento de su detención, al acusado P.M.E.C. se le intervino una nota manuscrita en la que constaban anotadas las coordenadas de un punto náutico ubicado entre las costas de Marruecos y de Almería, donde estaba previsto que se transbordará el hachís para su ulterior entrada en territorio español.

La Audiencia Provincial condena a P.M.E.C. y a S.S.B. a penas de dos años de cárcel como autores de sendos delitos contra la salud pública en grado de conspiración y de cohecho, y les impone el pago de una multa de 15.000 euros. El agente de la Guardia Civil estará, asimismo, inhabilitado para el empleo relacionado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas por periodo de tres años. Al resto de procesados les condena a penas de doce meses de prisión.