La delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Sevilla, Granada Santos, ha anunciado que se ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla "más información" sobre el cierre de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián y el traslado de algunas de sus líneas a la estación de Plaza de Armas y ha apostado por que se analicen "conjuntamente" las consecuencias que puede acarrear tanto a la movilidad de la ciudad como los "prejuicios" a los ciudadanos.

En una entrevista concedida a Europa Press, Santos ha asegurado que el "caos" que percibe la ciudadanía ante el cierre de la estación del Prado, "también lo percibe la Junta al no fluir la información". Así, este lunes la Junta ha reclamado al Ayuntamiento, por segunda vez, información concreta sobre el traslado de líneas que se pretende hacer a la estación de Plaza de Armas y que el Consistorio prevé para el día 1 de enero.

"El Ayuntamiento se ha lanzado sin ningún tipo de análisis y presenta el asunto sin fechas ni detalles", lamenta, tras dejar claro que debería haber analizado las consecuencias de manera conjunta y "al detalle", mostrando su "preocupación" por los usuarios y la movilidad. "La incertidumbre ahora es máxima por parte de los usuarios y por parte de la Consejería, porque no tenemos información", sentencia.

En este marco, indica que con la estación del Prado, "con tantos años de funcionamiento" y en un sitio "clave" de la ciudad, es "necesario" estudiar todos los aspectos que pueda conllevar el cambio, así como la movilidad, las conexiones con Plaza de Armas o las "molestias" a los usuarios.

Explica que se plantea que algunas paradas de final y salida sean "a plena intemperie", recordando que las estaciones se hacen con una serie de características porque "hay tiempos de espera prolongados". "Son una serie de incomodidades que no se han analizado y es lo que demandamos, ver un plan de movilidad ante esta decisión del Ayuntamiento", subraya, tras indicar que marcar el 1 de enero como fecha de cierre del Prado, una decisión "municipal", es "muy anticipado, teniendo en cuenta que no se ha facilitado aún toda la información y que podría suponer perjuicios a los usuarios".