La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui ha solicitado la comparecencia del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, en la Asamblea Regional para que dé explicaciones sobre las "irregularidades" en materia de personal, que figuran en la auditoría de Murcia Cultural relativas al año 2011.

La auditoría refleja que la empresa pública Murcia Cultural "ha sido y es un cortijo que ha funcionado al margen del consejero Bernal y al margen de la legalidad, fuera de control y fuera de los presupuestos", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

García Retegui criticó que mientras en los documentos oficiales se aseguraba que no se habían contratado altos cargos, la auditoría "arroja cinco contratos de Alta Dirección, que según la Ley vigente en la Región tienen la consideración de altos cargos".

La diputada añade que el dinero autorizado para todo el personal y aprobado en la Ley de Presupuestos era "de poco más de un millón de euros y lo gastado realmente se excedió en 538.817,74 euros".

En concreto, en la auditoría contempla en el apartado de selección de personal que, en el caso del Auditorio, el consejero delegado autorizó la contratación mediante un contrato de alta dirección por un período de cuatro años a un director de Desarrollo "sin la preceptiva autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos y la Consejería de Economía".

Como consecuencia del despido del director de este centro, Retegui añade que se contrató de forma directa a un nuevo director y se formalizó un contrato de trabajo de alta dirección por un año. "Tampoco se ha solicitado autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos y la Consejería de Economía", lamenta.

En el mismo centro, el 2 de noviembre de 2011 se firmó un contrato de personal de alta dirección como directora de Relaciones Institucionales, a la gerente de la Fundación Adicrea, con una duración de dos años "sin la preceptiva autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos y la Consejería de Economía", critica.

García Retegui añade que, en el Centro de Arte Contemporáneo de La Conservera, el consejero delegado, Antonio Martínez, autorizó la contratación mediante "un contrato temporal por un período de un año a una Coordinadora sin la preceptiva autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Empleo Público".

También se realizó un contrato de alta dirección por un año de duración a la subdirectora del Cendeac, y el consejero delegado de Murcia Cultural "autorizó la conversión del contrato laboral temporal en contrato indefinido sin la debida autorización", asevera la diputada.

En el caso de la Filmoteca Regional, Retegui explica que se autorizó por parte del consejero delegado, "sin la debida autorización por parte de la Dirección General de Empleo Público y la Dirección General de Presupuestos, la modificación de las condiciones salariales".

En un escrito del 24 de junio de 2011 el consejero delegado autorizó la subrogación en el contrato entre Alquibla y el trabajador que previamente prestaba sus servicios, convirtiendo el nuevo contrato "en una relación laboral de carácter indefinido, sin la preceptiva autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Empleo Público", subraya.

Asimismo, añade que se autorizó por parte del consejero delegado "sin la debida autorización" por parte de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Empleo Público, la conversión del contrato laboral temporal "en contrato indefinido de una trabajadora, dependiente de la Consejería de Presidencia".

La portavoz socialista remarcó que, mientras en la Consejería de Pedro Alberto Cruz se negaba que Murcia Cultural tuviera altos cargos, "se estaban contratando a través de Contratos de Alta Dirección que, según la legislación regional, Ley del Estatuto de la Actividad Política, tienen la misma naturaleza, tal como refleja la Auditoría y además se estaba haciendo sin la autorización de la Consejería de Economía; además de pasar de contratos temporales a indefinidos sin cumplir la legalidad".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide al consejero Pedro Alberto Cruz "que venga a la Asamblea y dé cuentas de por qué ha procedido de esta manera, saltándose todos los cauces legales, algo que ha costado mucho dinero público a los ciudadanos".