La organización ecologista Greenpeace exige al Gobierno que no ceda al chantaje de Endesa e Iberdrola, compañías propietarias de la central nuclear de Garoña, para eludir los impuestos que la futura Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética pretende imponer a la producción nuclear, y cuyas enmiendas serán votadas el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

Nuclenor ha declarado que el cierre adelantado de Garoña obedece a esta razón, y esto incrementaría las actuales pérdidas económicas hasta el punto de llevar a la empresa a la quiebra.

Para la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, "no es función del Gobierno velar por los beneficios empresariales de esta industria, perjudicando con ello los intereses generales".

La organización ecologista señala que la reforma energética que se necesita "debe evitar estos chantajes". En su opinión, para ello es necesario que se termine con el oligopolio del mercado eléctrico y se separe la generación, distribución, y comercialización eléctrica.

Además, indican que las tarifas deberían cubrir todos los costes, incluidos los ambientales para dejar de seguir incrementando el déficit de tarifa, y que se deberían impedir las compensaciones a las compañías eléctricas.