La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) ha dado cuenta de la recogida de "varios miles" de firmas tras la campaña iniciada en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, uniéndose así a la iniciativa puesta en marcha por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y adjuntando en su web toda la información relativa al anteproyecto para disponibilidad de las familias.

El presidente de Codapa, Francisco Mora, ha indicado a Europa Press que, en este sentido, el proceso va "bastante bien" y que, de hecho, "es ahora cuando la campaña se está haciendo notar". Por ello, confía en que "con un poco de suerte" puedan ser capaces de parar la tramitación del borrador de la reforma educativa, "que es lo que quiere la sociedad andaluza".

Codapa, que ha asegurado su ausencia de disposición a "dar ni un paso atrás", ha planteado, a raíz de la nueva ley, "por qué la asignatura de Religión o su alternativa deben ser obligatorias, por qué aumentar los conciertos educativos cuando hay unidades libres en la escuela pública o por qué apoyar económicamente a los centros que llevan a cabo una educación diferenciada".

Según Mora, "no se puede permitir que una ley de este calado salga adelante sin el consenso de la comunidad educativa". Y es que Codapa piensa que esta normativa no va a mejorar la calidad educativa, sino que "va a quitar la posibilidad de estudiar al que tenga más dificultades o carezca de poder adquisitivo". La Lomce, ha añadido, "parece dar así prioridad absoluta a las estadísticas de cara a los datos de informes educativos como PISA, sin importarle dejar por el camino a el alumnado que precisamente necesita un mayor apoyo educativo".

Explica el presidente de Codapa que "no se entiende por qué se aparta a las familias de la participación democrática de los consejos escolares", pues éstos quedarían, de hacerse realidad este anteproyecto, relegados a funciones "estrictamente consultivas", mientras que las decisorias pasan a ser competencia exclusiva de la dirección, esto es, de un director nombrado por la administración y no elegido democráticamente por su comunidad educativa.

De igual manera, creen que la nueva ley educativa llevará a cabo una "segregación" del alumnado prematura, al tener que decidir itinerarios con sólo 13 años o presentarse a reválidas para pasar de nivel y además, una discriminación por "talentos", condenando al "fracaso escolar" y a no conseguir el título de la ESO a quienes cursen los programas de cualificación profesional. Por el contrario, "el anteproyecto de ley muestra una preocupación excesiva y sospechosa por aumentar el porcentaje de alumnos de Secundaria que opta por el Bachiller en lugar de por la Formación Profesional".