La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la licencia otorgada en 1999 por el Ayuntamiento de Andratx, por la que esta semana ha sido juzgado de nuevo el exjefe municipal de Urbanismo y exdirector general del Govern Jaume Massot, era "radicalmente contraria a pleno derecho", puesto que se utilizó para construir, a partir de unas ruinas de cuadras y corrales que había en terreno protegido, una vivienda de nueva planta.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la exposición de su informe el fiscal Juan Carrau al término del juicio, que ha quedado visto para sentencia y en el que la acusación pública ha rebajado de cuatro años y medio a uno la petición de cárcel para el exalto cargo del PP, quien ya cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otras dos piezas separadas del caso Andratx.

Asimismo, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por la letrada Isabel Fluxà en representación del Ayuntamiento 'andritxol', han retirado las acusaciones que pesaban sobre el extécnico jurídico municipal Ignacio Mir, mientras que la Fiscalía solicita en su escrito de calificación definitivo dos años de prisión para el propietario del terreno, Gaspar Moner, y para el excelador Jaime Gibert, así como un año y medio para el promotor de las obras Jerónimo Arbós.

En su intervención ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, Carrau, quien ha modificado sustancialmente el relato de los hechos, ha hecho hincapié en el papel que jugaron tanto Arbós como Moner, y respecto al primero ha apuntado que participó en la construcción del inmueble tras haber falseado su proyecto básico, "una tapadera que presentó para dar cobertura a la licencia a sabiendas de que no se podía construir ahí".

En cuanto al propietario de la parcela, ha aseverado que es quien habitaba la vivienda, "no es una persona que pasaba por allí ni en absoluto ajena a las obras". En su exposición de los hechos, el fiscal ha recordado cómo el Tribunal Supremo ya confirmó la sentencia condenatoria de la pieza 56 de esta causa por haber sido construido un inmueble en terreno protegido tras haber sido obtenida la licencia de forma irregular.

Por su parte, la letrada de la acusación particular ha aseverado en que en la zona "no preexistía vivienda alguna" que pudiera ser reformada -la licencia era de ampliación- puesto que "de ser así no estaríamos aquí". Tal y como ha incidido, ninguno de los peritajes realizados en el marco de estas pesquisas "habla de vivienda anterior sino de una edificación, que puede ser una casa de aperos o un corral, por lo que no ha quedado acreditado la preexistencia de ninguna vivienda".

Turno de las defensas

Ya en el turno de las defensas, el abogado de Arbós, Manuel Vich, ha manifestado por el contrario que "con todos los datos aportados" en torno a las características de la edificación anterior en cuanto a ventanas y puerta, entre otros, "se desprende que era una vivienda". Según ha recordado, su patrocinado, a través de un colaborador delineante ya fallecido, recibió el encargo del proyecto de ampliación y para ello contó con un certificado del Ayuntamiento en el que constaba que había una casa anterior.

Según ha relatado, el promotor emitió un proyecto que "en ningún momento constituye una falsedad y jamás podría considerarse engaño". De hecho, el propio Arbós, haciendo uso del turno a la última palabra, ha recalcado que durante sus cuarenta años de profesión "siempre he actuado de buena fe" y, en este caso, ha aseverado que "siempre he creído, y lo sigo creyendo, que la construcción que había en la parcela era una vivienda".

Por su parte, el abogado del propietario del solar, Eduardo Valdivia, ha recriminado que la Fiscalía no ha probado que Moner fuese inductor de un delito de falsedad sobre el excelador "ni lo ha intentado". "No hay ni un mínimo esfuerzo probatorio", ha añadido el letrado, quien al respecto ha apuntado que "lo que dice el Ministerio Fiscal no tiene presunción de veracidad y por tanto, en lo que a este delito se refiere, mi patrocinado tiene que ser absuelto necesariamente".

Durante la jornada de este viernes, ha sido el turno de comparecencia de tres peritos. Uno de ellos, José María Mayol, ha manifestado en base al informe que redactó que lo proyectado en la parcela "no era susceptible de licencia" puesto que la edificación que ya había "estaba fuera de ordenación", a tenor de la Ley del Suelo de 1956. "La autorización estaba mal dada", ha remachado al respecto. Por el contrario, otro de los peritos que han declarado que la ampliación de la edificación preexistente "sí era posible".