El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha asegurado que si el punto de vista de una comunidad autónoma, refiriéndose a la andaluza, por la que discurre el 90 por ciento del cauce del río Guadalquivir y que tiene el 98 por ciento de los aprovechamientos, "no es tenido en cuenta" es que existe "un problema estructural en la relación con la gestión" del Guadalquivir.

Todo ello después de que este jueves el Consejo Nacional del Agua aprobara el Plan Hidrológico del Guadalquivir pese al voto en contra de la Junta de Andalucía, al considerar el Gobierno andaluz que el plan no garantiza suficientes medidas de ahorro de agua.

En declaraciones a los periodistas en Almonte, donde ha participado en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Planas ha remarcado que este problema, a su juicio, se soluciona "con un diálogo leal y que suponga una aportación por parte de las administraciones". En este punto, ha puesto como ejemplo que Andalucía voto favorablemente al plan del Guadiana porque "ha habido ese diálogo y un resultado provechoso y por tanto es posible lograrlo".

Por todo ello, en relación al Plan Hidrológico del Guadalquivir, ha pedido "diálogo y resultados", indicando además que "no se trata de un problema metafísico, sino de un problema muy concreto y de temas muy concretos".

En este sentido, ha remarcado que la Junta de Andalucía votó en contra de este plan en el Consejo Nacional de Agua porque "no contribuye a preservar en cantidad y calidad los recursos necesarios en una cuenca que es deficitaria", teniendo en cuenta los usos del agua en Andalucía —el 92 por ciento de uso agrícola, seis por ciento humano y dos por ciento industrial—.

"Claramente tanto a lo que se refiere al ahorro como al futuro del agua no están bien preservados", ha enfatizado Planas, quien ha añadido que desde el Gobierno andaluz se ha intentado negociar "hasta el último momento, pero no ha sido posible".

En esta línea, ha remarcado que más allá de la configuración jurídica que el Tribunal Constitucional (TC) sentenció, y que "nadie pone en duda", existe "un segundo problema, que no ha sido resuelto, y es el problema de la gestión de la cuenca y Andalucía tiene que decir algo y pesar algo".

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que si la competencia sobre la política agrícola es exclusiva de la Junta, al igual que la política de medio ambiente, el suministro y la política industrial, se ha preguntado "cómo que en este contexto —refiriéndose a la gestión— no tenemos una voz definitiva".

Por último, ha indicado que en el Consejo de Participación de Doñana se ha incluido un punto en relación con la cuenca del Guadalquivir porque Doñana y este río "no solo desde un punto de vista legal, sino también medioambiental, son uno", por lo que es "lógico que este consejo examine el plan".