El pleno de las Cortes ha rechazado este martes, con el único voto en contra del Grupo Popular, una moción socialista que pretendía "mejorar" la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad y, de este modo, "impulsar el empleo en el sector".

El procurador del PSOE Jorge Félix Alonso ha abogado por "corregir", a través de los nueve puntos del texto propuesto, "toda la situación de malestar" por "los recortes de la Junta y el Gobierno", los cuales han generado, a su juicio, que "10.142 cuidadores familiares hayan perdido sus ingresos", lo que supone "el 86 por ciento de todos ellos".

Asimismo, ha criticado que hasta 2011 el presupuesto específico para esta materia "era de 550 millones de euros", mientras que para 2013 será "de 58 millones menos". En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de una persona ingresada en una residencia privada que hasta agosto "recibía 400 euros" y que, desde entonces, se ha quedao "en 308", lo que, unido a su pensión, "hace que todavía le falten más de 700 euros todos los meses para costear su ingreso".

Alonso ha criticado el descenso en el número de plazas en residencias públicas, a pesar de lo cual ha señalado que "muchas de ellas están vacías para fomentar el uso de las privadas".

Por su parte, la procuradora 'popular' María Soledad Romeral Martín ha recordado los "recortes de 670 millones, 26 de ellos en Castilla y León", aplicados a la dependencia por el anterior Gobierno socialista de España y ha sugerido a la bancada del PSOE que "debería producirle sonrojo" porque entonces "no reivindicaron".

Asimismo, ha defendido que las medidas de ajuste son "necesarias" para "paliar la herencia recibida", y ha acusado al PSOE de preferir "el modelo de Andalucía", donde "no existe ningún control del empleo de los recursos públicos".

La moción ha contado con el apoyo del Grupo Mixto, cuyo portavoz, José María González, ha acusado al Gobierno de España de "castrar" los derechos de los dependientes "desde la reforma de la Constitución", la cual ha recordado que se promovió por un Ejecutivo socialista "con nocturnidad, alevosía y de espaldas al pueblo que la aprobó en 1978".

En la moción rechazaba se instaba al Gobierno de España a retirar "los últimos recortes impuestos a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de Dependencia", así como que "cualquier medida" que se adopte en esa línea se realice "a través del nivel de consenso similar alcanzado en la citada ley".

También se reclamaba el mantenimiento del gasto presupuestario destinado a estas prestaciones, que aquellos beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio con un número de horas superior al máximo del intervalo fijado tras la modificación de la Ley pase a ser dicho máximo y que la intensidad de dicho servicio en aquellas prestaciones "será la misma que la establecida para dependientes con Grado I".

Asimismo, el texto socialista promovía la compatibilidad del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal con la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar para jóvenes y menores durante la etapa escolar, a la vez que se demandaba el incremento en un 20 por ciento de dicha ayuda.

Por otro lado, se demandaba el incremento de las partidas para la prestación del servicio de atención residencial o en centros de día, así como que no se computara "la vivienda habitual" al valorar la capacidad económica "aunque no se ocupe por estar ingresado en un centro residencial" y que se excluya de este cálculo "el ahorro generado por las familias con hijos con discapacidad".

Finalmente, el noveno punto del texto apostaba por garantizar "que ninguna persona con discapacidad quede sin poder acceder a una plaza de centro ocupacional, de día o residencial".