El exdirector general de Ordenación Territorial del Govern y exjefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, ha confesado que incurrió en un delito de prevaricación urbanística por permitir que las ruinas que había en terreno protegido se convirtiesen en una vivienda de nueva planta -al no existir un inmueble anterior en la parcela no podía reformarse vivienda alguna como tampoco podía construirse una nueva-.

Así lo ha puesto de manifiesto como acusado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, donde ha vuelto a sentarse en el banquillo junto al exasesor jurídico del municipio mallorquín Ignacio Mir y el excelador Jaume Gibert. La Fidcalía solicita cuatro años y medio de prisión para el exalto cargo del PP mientras que la acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Andratx, reclama diez.

Durante su breve declaración, en la que únicamente ha respondido a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, el inculpado ha reconocido que intervino en la concesión de varias licencias ilegales en relación a esta vivienda sin que las mismas "estuvieran ajustadas a derecho". De hecho, ha afirmado que no comprobó que en el terreno hubiera anteriormente un inmueble habitable sobre el que poder construir, sino que se limitó a "comprobar lo que ponía en el expediente".

Por su parte, el extécnico jurídico del Consistorio Ignacio Mir, para quien la Fiscalía pide un año y medio de cárcel y diez años de inhabilitación por informar en favor de la licencia pese a no reunir los requisitos exigidos, ha alegado que si actuó de esta forma fue porque un informe y el proyecto básico que constaban en el expediente decían que en el solar había una vivienda a reformar, no unas ruinas de una casa de aperos.

"Yo compruebo sobre los documentos que hay en el expediente, no estaba obligado a comprobar sobre el terreno lo que ponía", ha incidido al respecto el acusado, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola. "No sospechaba que [estos documentos] podían ser falsos", ha espetado.

Se trata de unos hechos por lo que también están siendo juzgados el promotor Jerónimo Arbós y el propietario de los terrenos, Gaspar Moner. En el marco de esta pieza separada del caso Andratx, la número 13, las acusaciones apuntan a la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y falsedad, y reclaman que los cinco acusados sean condenados también a la demolición de las obras construidas de forma presuntamente ilegal.

El hijo del exministro rodríguez miranda, INHABILITADO

Se da la circunstancia de que la pasada semana el Tribunal Supremo confirmó otra de las condenas impuestas en el marco de esta causa: la que pesa sobre Jacobo Rodríguez Miranda, extécnico jurídico del Ayuntamiento de Andratx e hijo del exministro de UCD Santiago Rodríguez Miranda, por informar a favor de la concesión de una licencia para la construcción de un chalet de 140 metros cuadrados en terreno protegido, en el que únicamente existían las ruinas de una casa de aperos sobre las que legalmente no se podían hacer obras.

En concreto, de acuerdo a la sentencia del Alto Tribunal, a la que tuvo acceso Europa Press, el acusado debe hacer frente a una multa de 7.200 euros y a siete años de inhabilitación por ser autor material de un delito de prevaricación urbanística, pena a la que fue condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

La Audiencia también consideró probado que la entonces administrativa del Consistorio Ángela Hernández emitió un certificado de superficie y antigüedad en el que de su puño y letra anotó la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes-, a sabiendas de la falsedad de dichos datos, para no obstaculizar la concesión de la autorización. Pese a todo lo probado, la acusada ha sido absuelta al haber prescrito los delitos contra la ordenación del territorio y falsedad en que incurrió.