Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha advertido este lunes sobre las principales situaciones de "vulneración de derechos humanos" que ha detectado en 2012 en nuestra comunidad autónoma y que afectan, tanto a colectivos ya excluidos socialmente, de forma aún más severa, como a un espectro cada vez mayor de población andaluza.

El vicecoordinador de la Apdha y coordinador del área de Marginación Pablo María Fernández ha apuntando en rueda de prensa que desde hace cuatro años "las referencias a la situación de crisis social y económica que sufrimos han presidido la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos". Sin embargo, añade, "nunca como este año, cuando se cumplen 64 años de la aprobación por la ONU de la Declaración Universal, se ha podido hablar con más sentido de que vivimos una auténtica emergencia social".

La Apdha alerta de que los derechos humanos "están en peligro, están siendo desmantelados por las políticas de los gobiernos frente a la crisis, políticas basadas en la austeridad a ultranza, drásticos recortes sociales para contener el gasto público y la limitación del déficit a niveles casi imposibles de cumplir", toda vez que afirma, según se indica en nota de prensa, de que estas políticas "no persiguen sacar al país de la crisis y apoyar a la ciudadanía en sus graves problemas originados por el capitalismo más depredador, sino que están marcadas por la prioridad en el pago de la deuda a los bancos y el rescate de los mismos cuando lo necesiten con presupuesto público".

Así, desde la Asociación subrayan que las consecuencias de los recortes sociales que implican estas políticas "están a la vista de todos, y desde las clases medias a los sectores más desfavorecidos de la sociedad los están padeciendo". Pero, añade, "las consecuencias son aún más graves porque los recortes sociales matan, tienen víctimas reales, de carne y hueso".

Asimismo, Apdha alarma sobre las cifras de paro, que califica de "absolutamente alarmantes", con casi seis millones de parados en España y un porcentaje de paro del 36 por ciento en Andalucía, "una realidad insoportable para muchas familias". Además, lamentan que el derecho al trabajo, reconocido constitucionalmente, "se haya convertido en una auténtica quimera", y denuncian "el aumento de la pobreza, con un casi un 35 por ciento de la población andaluza en riesgo de sufrir la exclusión social, la pobreza infantil, la actividad de los comedores sociales, de los bancos de alimentos o las asistencias de Cáritas, en un cuadro social demoledor".

"La dependencia, la sanidad, la educación, el funcionariado, las políticas de igualdad, la drástica reducción del gasto social, la ausencia de políticas de reactivación, despropósitos y violaciones de derechos humanos, que ni siquiera van acompañados de una sola medida para recaudar a los más ricos", critica, al tiempo que afirma que "no se trata sólo de recortes sino que expresa un proyecto político de mayor alcance: con la excusa de la crisis se trata de poner en marcha un cambio de modelos social, político y económico al servicio de los más ricos y marcado por unos valores ideológicos profundamente reaccionarios; valores que se sitúan muy lejos de los que inspiraron nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Además, Apdha ha destacado algunas de las vulneraciones de derechos fundamentales. Así, el coordinador del área de Inmigración Carlos Arce ha lamentado, respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) en Andalucía, que se mantenga en funcionamiento el CIE de Algeciras, donde, "en un contexto de condiciones materiales deplorables, se siguen vulnerando derechos básicos de los internos", aunque destaca que en 2012 ha habido "una buena noticia" como es el cierre de CIE de Capuchinos en Málaga. También han valorado "positivamente" que haya fecha para el juicio de los policías nacionales que presuntamente abusaron sexualmente de internas de este centro.

Igualmente, lamenta "más muertes de migrantes y de vulneración de los derechos humanos en las fronteras". En este sentido, califica de "especialmente trágicos" los casos de Isla de Tierra, donde el Gobierno español "desatendió sus obligaciones humanitarias y expulsó ilegalmente a Marruecos a 70 personas que fueron maltratadas por las fuerzas policiales marroquíes y el de la muerte/desaparición de más de 50 personas en el naufragio de una patera el pasado mes de octubre ante la inacción del dispositivo de Frontex desplegado en Andalucía". También lamenta que el Real Decreto Ley 16/2012 "excluya de la cobertura sanitaria normalizada a las personas extranjeras en situación irregular".

Instan a la aprobación de la ley de inclusión

Por su parte, Fernández ha criticado que "aún no se haya aprobado en Andalucía la tantas veces prometida Ley de Inclusión", y ello a pesar "de que casi el 35 por ciento de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, un 29,3 por ciento de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, 308.800 menores en Andalucía son pobres y existe una tasa de paro del 35,42 por ciento, 55 por ciento de ellos jóvenes", así como el hecho de que la Junta "no haya afrontado aún el tema de la vivienda y haya declarado el estado de emergencia habitacional habilitando espacios dignos para alojar a familias afectadas hasta alcanzar una solución definitiva".

En cuanto a la Ley de Dependencia, Apdha denuncia que "esté siendo desmantelada", y en cuanto al ámbito de prisiones y sistema penal, Arce ha expuesto "las vulneraciones de mayor relevancia como los malos tratos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía, ya que en los últimos ocho años 971 ciudadanos andaluces han denunciado haber sido víctimas de este tipo de actos y Andalucía aparece como una de las comunidades con más denuncias acumuladas". Además, ha criticado la "supresión" de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria, "un inadmisible recorte de recursos que afecta a los derechos de las personas más desfavorecidas".

En este sentido, y respecto al cobro por la comida en prisión de un preso andaluz, denuncian que esto "atenta contra el principio de igualdad respecto al resto de presos con capacidad económica que no tienen que pagar por su manutención y con respecto al ciudadano en general", toda vez que lamenta que el sistema penal "se endurece y el acceso a la justicia es más caro y con menos garantías", España "siendo el país con menos delitos de la UE, es el que más personas tiene en las cárceles", o que el sistema penal en España "sea uno de los más duros de Europa".

De mismo modo, critican que "la indignación social ante los recortes y destrucción de derechos sociales y su expresión democrática en la calle esté siendo criminalizada y reprimida", que los recortes en materia educativa "pongan en cuestión la calidad, la equidad y la cohesión social en el sistema de educación pública", y que el proyecto de reforma educativa "potencie la enseñanza privada y camine hacia una escuela elitista y clasista", y que la salud "reciba un golpe mortal entre recortes y el desmantelamiento de los pilares básicos del sistema sanitario público".