El sindicato CCOO, personado como acusación popular en la causa abierta contra la empresa de telemarketing Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Junta de Andalucía, solicitará en los próximos días la declaración de un total de doce funcionarios de las delegaciones de Empleo de las provincias en las que la sociedad tiene ramificaciones (Málaga, Granada y Jaén).

Concretamente, pedirá al Juzgado de Instrucción 1 de Granada, que se encarga del asunto, la declaración como testigos de, entre otros, directivos o exdirectivos del Servicio Andaluz de Empleo, los directores o exdirectores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los jefes de servicio de Fomento del Empleo de las tres provincias, o del jefe de servicio de Incentivos a la Contratación del SAE.

Asimismo, y según han informado a Europa Press fuentes del sindicato, CCOO pedirá al Registro Mercantil la escritura de constitución de la sociedad MKF, y las cuentas depositadas de todos los ejercicios desde que se creó; a la Seguridad Social un informe sobre trabajadores en la empresa, con fecha de alta y de baja de cada uno de ellos desde el inicio de las actividades; y a la Agencia Tributaria las declaraciones de las empresa de los años 2008, 2009, 2010 y 211, además de sus ingresos y pagos de los mismos ejercicios. También, diferentes expedientes administrativos a la Inspección de Trabajo, y a la Junta de Andalucía sobre los incentivos recibidos.

CCOO instará asimismo a las Delegaciones Provinciales del SAE de Jaén, Málaga y Granada a que "aporten todos los expedientes" en los que aparezca como titular MKF, a la que pide que aporte todos los contratos que ha suscrito.

Los trabajadores se ratifican

En el juzgado ya han declarado por ahora los trabajadores que en su día interpusieron la denuncia contra la empresa, que se han ratificado en sus acusaciones, manteniendo que no se les encargaban tareas, o se les mantenía ocupados con labores tediosas sin sentido, e incluso se les hacía firmar documentación por cursos que no habían realizado.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada investiga a la empresa por posibles delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, y ha imputado a los dos gerentes de la misma.

El asunto fue remitido por la Fiscalía Superior de Andalucía, que incoó diligencias el 6 de junio del pasado año, a la Fiscalía General del Estado (FGE), concretamente a su departamento para la tutela penal y contra la discriminación.

El Juzgado inició la investigación tras recibir el decreto de la Fiscalía Superior en el que consideraba que MKF podría haber incurrido, cuando menos indiciariamente, en "graves irregularidades".

De hecho, y después de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el fiscal superior, Jesús García Calderón, concluía que los hechos, denunciados en su día por el sindicato de CCOO y un conjunto de trabajadores de la empresa, podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, o de falsedad en documento público, según constaba en el decreto al que ha tuvo acceso Europa Press.

La Fiscalía acordó entonces remitir lo investigado por la Policía Judicial, a través de la Fiscalía Provincial de Granada, al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, así como a las Fiscalías Provinciales de Jaén y Málaga "para su conocimiento y a los efectos oportunos".

Según el informe policial realizado, la mayoría de las contrataciones de la sociedad, siempre bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad, tuvieron una duración de poco más de una semana y, en cualquier caso, "sin superar los cuatro meses de duración contractual establecido como periodo de prueba".

Estas contrataciones "han supuesto un notable incremento económico para la beneficiaria de las subvenciones", que, "en ningún caso y de manera intencionada", ha vinculado su percepción con la continuidad temporal del empleo con la integración laboral de las personas discapacitadas que fueron contratadas e incluso con la viabilidad económica de la empresa.

El número de trabajadores con discapacidad que fueron afectados por estas situaciones de contratación bonificada es de un total de 307 entre las tres provincias, y la cantidad total percibida por MKF de la Junta de Andalucía asciende a 1.384.241,68 euros, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

El cobro de estas cantidades ha supuesto por la empresa el "reiterado y continuo incumplimiento" de la legislación aplicable por la concesión de incentivos a los centros especiales de empleo para la contratación de personas con discapacidad y, en ese sentido, la Fiscalía recordaba que la Consejería de Empleo debe tener el "suficiente control y seguimiento de estas contrataciones subvencionadas para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el oportuno reintegro de las cantidades percibidas".