Lo más novedoso es que vinculará la autorización de todo proyecto urbanístico a que cuente con recursos hídricos sostenibles. Es decir, que todo proyecto deberá someterse a una evaluación ambiental, requisito para que la iniciativa urbanística sea aprobada. Las sanciones por infracción muy grave en materia de calidad del medio hídrico oscilarán entre 300 y 600 euros; las leves ,con 6.000 euros, y las graves serán penalizadas entre 6.000 y 300.000 euros. Esto conllevará a la paralización de las actividades y negación de préstamos y ayudas, entre otras penas.