De este modo, las fuentes han señalado que los exsantaneros esperan que haya "una respuesta entre el día 10 y 15 de diciembre", pues, de lo contrario, pedirán una "solución" a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. "Ya no estamos seguros de nada y, tras más de un año esperando que se diera cumplimiento al Plan Linares Futuro y de millones de manifestaciones y movilizaciones, es lógico que haya cierto malestar".

Así, el Pleno del Parlamento andaluz convalidaba el pasado 15 de noviembre, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, el Decreto-ley aprobado en octubre por el Consejo de Gobierno sobre medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis. Si bien, ha rechazado, con los votos en contra de PSOE-A e IULV-CA, su tramitación como proyecto de ley, demandada por el PP-A al objeto de establecer enmiendas, como pedían los extrabajadores.

Dicho decreto supone que la administración autonómica asumirá directamente, y sin la intermediación de empresas aseguradoras, el pago de todas las ayudas sociolaborales que han sufrido demoras en su percepción, lo que afecta a 1.383 exempleados de las empresas Grupo Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi Automotive System España y Boliden Apirsa, así como a los afectados por la liquidación de la compañía aseguradora APRA Leven, que se encargaba de gestionar las prestaciones en 18 empresas de la comunidad.

Según explicaba el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, en su intervención en el Pleno del Parlamento, esta norma da respuesta con carácter inmediato a tres proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento el pasado 4 de octubre, relativas a la financiación pública de las ayudas comprometidas hasta la fecha por el Gobierno andaluz para estos colectivos, entre los que se encuentran extrabajadores de empresas como Santana o Delphi.

El pago directo por parte de la administración autonómica supondrá un gasto de 224,9 millones de euros —en torno a unos 14,9 millones anuales—, con un ahorro de 7,5 millones de euros derivado de eliminar comisiones de intermediación de las aseguradoras. El horizonte temporal es de unos 14 años, dependiendo de la edad de las personas. El procedimiento se iniciará de oficio y una comisión técnica compuesta por funcionarios verificará y elevará las propuestas. La persona titular de la Dirección General de Relaciones Laborales dictará la resolución en el plazo máximo de un mes desde el 15 de noviembre.

Además de atender estas demandas urgentes, el Decreto-ley aprobado por el Gobierno andaluz adapta al actual contexto socioeconómico la regulación de las ayudas que se conceden a colectivos que, por edad o características sociales, tienen muy difícil el reingreso en el mercado laboral. Esta revisión introduce diversas mejoras en la tramitación administrativa y presupuestaria, así como en los mecanismos de control y verificación. La norma articula dos clases de ayudas: extraordinarias y previas a la jubilación.