El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, espera que, "a la vista de las protestas" que están surgiendo, "se imponga la cordura" y "se lleve a cabo alguna rectificación" en las nuevas tasas judiciales.

"Las tasas deben tener un efecto disuasorio solo respecto de los abusos pero no respecto de un derecho fundamental como lo es el de la tutela judicial efectiva", ha defendido.

Márquez de Prado ha reconocido que las tasas "están impuestas en una gran cantidad de países de nuestro entorno" y su "regulación corresponde al Poder Legislativo". Esto "no es óbice para que los integrantes del Poder Judicial manifiesten su sensibilidad y preocupación cuando pueden afectar al derecho fundamental" de tutela judicial efectiva, ha añadido.

Durante su intervención en el acto de celebración del XXXIV aniversario de la proclamación de la Constitución Española, que se ha celebrado ene l Parlamento de Extremadura, el presidente del TSJEx ha recordado dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que "han declarado que las tasas en sí no son ni constitucionales ni inconstitucionales" y ha destacado que "el problema" de las mismas "es la cuantía y su regulación".

Asimismo, ha matizado dos aspectos, por un lado la existencia de "los beneficios" de la justicia gratuita y ha subrayado que su "ampliación sería aconsejable para evitar el pago de esas tasas" y, por otra parte, "la inclusión de su importe (de las tasas) en la tasación de costas con reintegro al que las abonó inicialmente".

Huelga de jueces

Por otra parte, Julio Márquez de Prado ha asegurado que "la Carrera Judicial en una inmensa mayoría", entre la cual se encuentra él mismo -ha afirmado-, "propugna una rectificación en las iniciativas legislativas llevadas a cabo o anunciados" respecto a la Justicia y el Poder Judicial.

"Donde no hay esa abrumadora mayoría es en el anuncio de medidas de presión a tomar (...), incluso la huelga, que personalmente no comparto como otros muchos compañeros", ha resaltado el presidente del TSJEx.

Así, ha explicado que "si la Constitución Española prohíbe la sindicación a Jueces y Magistrados, lógicamente está prohibiendo el derecho a la huelga que no es sino un correlato de aquella". "Aparte de no ser aceptable que un Poder del Estado ejerza tal derecho cuando sus integrantes están sometidos a un régimen estatutario totalmente diferente al resto de los funcionarios públicos", ha matizado.

Elección de vocales del cgpj

De igual modo, Márquez de Prado se ha referido a la elección de los doce vocales de procedencia jucidial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha reivindicado el "sistema originario", es decir, el que reflejaba la Ley Orgánica de 1980 que "atribuía a los miembros de la Carrera Judicial la elección" de dichos vocales.

Este sistema originario pasó con la Ley Orgánica de 1 de julio de 1985 a "deferir esa competencia al Congreso y al Senado" y la última reforma por la Ley Orgánica de 2001 "instaura un nuevo sistema ecléctico con participación de las Asociaciones Judiciales y grupos independientes de Jueces y Magistrados, reservando en todo caso a las Cortes la última decisión", ha explicado Márquez de Prado.

En ese sentido, ha recordado la sentencia del TC 108/1986 que resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de 1985 y que "sin proclamar la inconstitucionalidad pretendida en el recurso, sí se declaraba a favor de la elección de esos doce vocales por los propios Jueces y Magistrados", ha resaltado.

"necesidad de buscar soluciones"

Por otra parte, con respecto al tema de los desahucios ha manifestado que los jueces y magistrados españoles "en su abrumadora mayoría" están "sensibilizados con este problema" por lo que han "puesto de relieve la necesidad de buscar soluciones a este drama social".

"En muchos casos a las personas más desfavorecidas perjudican los procedimientos hipotecarios donde se percibe un trato privilegiado a favor de las entidades bancarias frente al deudor", ha resaltado.

Márquez de Prado ha recordado que la legislación hipotecaria española "data de los siglos XIX y XX, cuando la realidad social era muy diferente a la de los tiempos actuales". Por ello, ha subrayado que "se impone una seria rectificación, pues si bien es cierto que se deben pagar las deudas contraídas, no lo es menos que no se puede olvidar la situación al tiempo de contraerlas y la diferente al tiempo de afrontar su pago".

Por último, ha señalado que "habrá que esperar la eficacia de las recientes normas legales dictadas para ver en que medida se pueden paliar los problemas detectados". "En este problema la Judicatura no podía mirar a otro lado y hacerse cómplice de la grave situación actual", ha concluido.