El secretario general de Extremadura Unida (EU), Juan Pedro Domínguez, ha pedido "sentido común" para que no se presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto, a 'coste cero', a los depósitos bancarios que podría entrar en vigor el 1 de enero de 2013 aunque solicita que se negocie un 'coste variable' en función de lo que las entidades bancarias devuelvan a los ciudadanos en obra social.

Desde el partido regionalista se ven con "preocupación" las declaraciones de "algunas fuerzas políticas de Extremadura" que pretenden que el Gobierno regional presente el citado recurso y animan al Ejecutivo extremeño a que negocie las compensaciones que deberá recibir del Gobierno central.

En una rueda de prensa en la sede de EU en Cáceres, Domínguez ha dicho que entiende que "el Gobierno de España trate de parar la previsible cascada de impuestos a los depósitos bancarios de las comunidades autónomas que aún no lo tienen" por lo que "al aprobar un impuesto de naturaleza estatal, se impide que se puedan crear impuestos de igual rango o inferior".

No obstante ha añadido que el Estado debe compensar a las Comunidades Autónomas que lo tenían aprobado, como es el caso de Extremadura en el que se ha fijado una aportación de 39 millones de euros anuales.

"Por una vez, a Extremadura le corresponderá por ley algunas compensaciones por el olvido que sucesivos Gobiernos de España tuvieron a esta tierra", ha dicho el dirigente de EU que califica la compensación como "un acto de justicia".

Domínguez cree que los 240 millones de euros que llegarán a la región tras la sentencia del Tribunal Constitucional, declarando constitucional el impuesto creado por el Gobierno de Rodríguez Ibarra "peligran si se presenta un recurso contra el impuesto a coste cero".

"Nos parece peligroso que se lleven a cabo algunas iniciativas anunciadas. Todo eso peligra si se presentara recurso de inconstitucionalidad pues supondrían varios años de retraso. Si se debate en el Parlamento, no tendrán nuestro voto", advierte el diputado regional.

Por todo ello pide que "reine el sentido común" y "sea prioridad absoluta el interés de Extremadura" que "no puede permitirse" que se le prive de ese dinero "en plena crisis", subraya, al tiempo que añade que "no es el momento de echar pulsos al Estado, ni de tratar de retorcer el brazo al Gobierno. Lo más sensato y de sentido común, es negociar con el Gobierno condiciones ventajosas para el futuro, y mejorar lo existente", resalta.

Ante estas circunstancias, Domínguez aboga por el "diálogo" con el Gobierno central para que "las compensaciones económicas sean más ventajosas que las anunciadas, sobre todo, para años futuros" y pide al Ejecutivo extremeño que "no actúe precipitadamente, sino que a través de los servicios jurídicos, se asegure bien de los pasos que va dando".

Coste variable en función de la obra social

En este sentido, desde el partido regionalista se considera "conveniente" que en vez de la fórmula de 'coste cero' se establezca un 'coste variable' en función de lo que las entidades bancarias devolvieran a los ciudadanos en obra social o con préstamos a intereses más bajos para pymes, autónomos y familias.

"Sería muy conveniente establecer por ley que el 'coste cero' se aplicara exclusivamente cuando retornara a los ciudadanos, vía obra social o cultural, la cantidad que previamente se establezca", subraya.

En definitiva a EU le parece "sensato y beneficioso" para Extremadura que se negocie el establecimiento de unos parámetros variables "para que si cambian las circunstancias en el futuro, Extremadura reciba lo que corresponda por encima de los 39 millones de euros anunciados".

Pensiones y ley de educación

Por otra parte, el presidente de EU, Pedro Cañada, que también ha estado presente en la comparecencia se ha referido a la revalorización de las pensiones anunciada por el Gobierno de Rajoy en un 2 por ciento a los que ganan menos de 1.000 euros y en el 1 por ciento a los que superen esa cantidad.

Cañada ha indicado que EU "no está a gusto con estas decisiones" pero admite que "hay pocas alternativas" ya que "la necesidad obliga" y, a su juicio, Rajoy "trata de hacer lo que menos daña al conjunto de los españoles".

Finalmente respecto al conflicto surgido por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que establece el español como lengua vehicular en las comunidades bilingües, Cañada ha recordado que "el derecho a estudiar en español, en cualquier rincón de España, debe ser respetado porque así consta en la Constitución y es la lengua común de todos los españoles".

Así, Cañada cree que la "actitud" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, "aparece casi como humillante, pidiendo perdón por ejercer un derecho", mientras que la de la consejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, la tacha de "arrogante y prepotente para defender una imposición del catalán a los niños que quieren estudiar en español", concluye.