El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se ha mostrado este miércoles dispuesto a hacer un seguimiento de los posibles fraudes en concursos voluntarios de acreedores, después de que el sindicato UGT de Granada le haya trasladado sus sospechas de que al menos cinco empresas granadinas están utilizando esta medida para incorporar al patrimonio personal de sus propietarios sus bienes para eludir su responsabilidad en el pago de sus deudas.

La secretaria general de UGT Granada, Manuela Martínez y el secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) del sindicato, Francisco Ruiz-Ruano, le han pedido al fiscal que actúe de oficio en estos casos, poniéndole de ejemplo el del Grupo Siles, que recientemente ha sido denunciado ante el Ministerio Público.

García Calderón, además, ha puesto de manifiesto la necesidad de utilizar todas las posibilidades que la Ley Concursal ofrece para que exista la mayor implicación de la Fiscalía en casos similares. Asimismo, ha mostrado su disposición a que se abra una línea de comunicación cuando se detecten estas posibles irregularidades, para que de forma conjunta con el Juzgado de lo Mercantil de Granada, las actuaciones sean más fluidas.

Martínez ha recordado que se le pidió esta reunión al fiscal superior de Andalucía para explicarle personalmente la situación del Grupo Siles, y por qué el sindicato había denunciado a esta empresa. "Porque más allá de los posibles delitos societarios que ha apreciado el juez de lo Mercantil de Granada", ha explicado la representante de UGT, se considera que la administración del Grupo Siles ha cometido "delitos de tipo penal".

La investigación realizada por UGT durante los dos últimos años, ha apuntado la representante sindical, ha dado como resultado que se están incumpliendo los derechos laborales y económicos no sólo de los trabajadores, sino también de los de los acreedores, además del uso "a todas luces ilícito que se ha hecho de recursos públicos".

El caso del Grupo Siles, a cuyo dueño la representante de UGT ha calificado como "un pequeño Díaz Ferraz, no es un hecho aislado, y, vista la indefensión en que se encuentran los trabajadores en estos casos, se ha solicitado a García Calderón que los investigue de oficio, ya que es muy complicado probar este tipo de delitos.

Por su parte, Ruiz-Ruano ha recordado que después de años de actuaciones del sindicato en el Grupo Siles, el administrador concursal presentó un informe en el que ya indicada numerosas irregularidades detectadas, ante lo que el Juez del Mercantil de Granada embargó el patrimonio del Consejo de Administración de este grupo empresarial por un total de 6 millones de euros.

Lo que va a solicitar UGT en concreto, ha aclarado Ruiz-Ruano, es que el concurso voluntario de acreedores "se declare ilegal con las consecuencias que ello supondría para los trabajadores afectados: que cobrasen indemnizaciones de 45 días por año trabajado por despidos improcedentes, además del desempleo que han estado perdiendo durante todo este tiempo, y que el periodo de prestación por desempleo se reinicie".

Por último, el ugetista ha indicado que el caso del Grupo Siles es sólo "la punta del iceberg", ya que existen en la provincia de Granada más casos de concursos voluntarios de acreedores, hasta cinco más, empresas en las que los administradores de las empresas siguen siendo los dueños (al ser el concurso voluntario) y están eliminado de forma progresiva el patrimonio empresarial para trasladarlo al suyo propio.