El Gobierno de México ha exigido a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) "la entrega inmediata de las calles, plazas, edificios públicos y bienes de propiedad privada" que tiene tomados en Oaxaca, en el sur del país.

El Gobierno hizo público este mensaje después de que la APPO, una heterogénea plataforma de organizaciones civiles que exige la renuncia del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, anunciara que reforzarán sus barricadas ante la llegada de las tropas federales enviadas por el presidente Vicente Fox.

Tropas federales en Oaxaca

El presidente de México había ordenado poco antes el envío de tropas federales a Oaxaca para poner fin al conflicto que vive ese estado sureño desde hace cinco meses.

Fuentes de Presidencia informaron de la decisión de Fox, que se producía después de la tensión creada en las últimas horas y que ha ocasionado ya cuatro muertos en enfrentamientos con armas de fuego entre desconocidos y opositores del gobernador estatal, Ulises Ruiz.

La violencia en el estado mexicano de Oaxaca estalló el viernes con tiroteos, bombas molotov y quema de vehículos, que han dejado cuatro muertos y varios heridos en medio de la confusión, la anarquía y la inseguridad.

La muerte de Will fue confirmada a Efe por el comandante de la Cruz Roja de Oaxaca, Javier Pérez, quien aseguró que el camarógrafo "llegó muerto" a las instalaciones de esa institución médica.

La fiscal de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, dijo en rueda de prensa que eran tres los muertos a causa de los tiroteos de hoy y mencionó a Will y a los mexicanos Esteban Zurita López y Emilio Alonso Fabián.

Caña agregó que, además, una mujer que no estaba relacionada con el conflicto murió cuando era atendida de urgencia en una ambulancia, que no pudo llegar al hospital debido a las barricadas.

La fiscal no supo explicar de qué era atendida Eudocia Olivera Díaz cuando falleció.

La embajada de EEUU confirmó la muerte de Bradley en un comunicado que fue leído por la cadena Televisa.

Uno de los heridos fue identificado por los testigos como Osvaldo Ramírez, fotógrafo del diario Milenio, que fue disparado en un pie.

Según diversos medios durante la tarde del viernes se produjeron una veintena de tiroteos, los más violentos de ellos en El Rosario, municipio de Santa Lucía, y otro en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde un grupo de profesores mantiene tomadas las oficinas.

La violencia se produjo horas después de que la APPO hubiera dado a conocer un ultimátum al gobernador Ulises Ruiz para que renuncie.

Los militantes y simpatizantes de la APPO reforzaron sus barricadas durante el día, bloquearon carreteras y obligaron al cierre de algunas tiendas por departamentos.

Los activistas reaccionaron y se enfrentaron con pistolas, palos, machetes y piedras ante otro grupo, al que han acusado de estar integrado por pistoleros o policías vestidos de civil.

Por otra parte, en la capital mexicana el ministro de Gobernación Carlos Abascal se reunió con dirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que empezó las protestas en Oaxaca y que ha decidido levantar la huelga después de cinco meses.

Al término de la reunión, la Secretaría de Gobernación (Interior) emitió un comunicado en el que condenó la violencia y pidió al Gobierno de Oaxaca que investigue los hechos.

"Los hechos violentos que afectaron vidas humanas y la tranquilidad de todo el pueblo no pueden quedar impunes", aseguró.

"Es urgente que el Gobierno del estado -de Oaxaca- esclarezca los hechos ocurridos en las últimas horas y deslinde las responsabilidades para castigar a los responsables con todo el rigor de la ley", exigió el Ministerio de Gobernación.

Con la decisión de levantar la huelga, de la que falta por saber cuándo volverán a comenzar las clases, el movimiento civil en Oaxaca queda dividido, pues la APPO insiste en que mantendrá sus acciones si no renuncia el gobernador Ruiz.

El conflicto en Oaxaca se inició el pasado 22 de mayo con una huelga de maestros en demanda de aumentos salariales, y se complicó con un fallido intento policial, el 14 de junio, de desalojo.

A los maestros se sumaron organizaciones sociales que crearon la APPO, que incluyó en las demandas la renuncia de Ulises Ruiz.

Los maestros ya determinaron regresar a las clases, después de cinco meses de huelga, pero la APPO mantiene su demanda de que renuncie el gobernador Ruiz.

La aparición en los medios de un grupo guerrillero que advierte de acciones armadas si en el problema interviene el Ejército significa una nueva vuelta de tuerca para la crisis.