Con la crisis, a los secretarios judiciales les ha tocado lidiar con la desagradable labor de gestionar una ingente cantidad de ejecuciones hipotecarias y desahucios. Saben de qué hablan cuando aseguran que las ejecuciones hipotecarias han crecido un 200% en los últimos cuatro años o que en los nueve primeros meses de este año ha habido 76.398 desahucios entre viviendas y locales comerciales.

Así lo hace constar el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales en un informe que revela que durante 2011 han celebrado cerca de 75.000 subastas, aunque la mayoría de ellas han quedado desiertas y la finca o vivienda se ha adjudicado a la entidad financiera concesionaria de la hipoteca.

El informe recoge este "drama social" y la "brutal" evolución al alza que han experimentado las ejecuciones hipotecarias, que se han visto incrementadas en un 200,10% en los últimos cuatro años al pasar de 25.943 en 2007 hasta las 77.854 de 2011.

Las transferencias recibidas por los juzgados como consecuencia de órdenes de embargo telemático remitidas a la Agencia Tributaria alcanzaron los 16 millones de euros hasta septiembre. Para ello, se dieron por los secretarios judiciales en torno al millón de órdenes de embargo.

El informe explica que los juicios de desahucio se producen ante contratos de arrendamientos de fincas, generalmente por falta de pago; mientras que las ejecuciones hipotecarias tienen por objeto la subasta del inmueble ante el impago de la hipoteca.

Los secretarios judiciales, a quienes está atribuida la tramitación de estos procesos especiales, proponen llevar a cabo mecanismos de conciliación o mediación previa a la vía judicial para alcanzar acuerdos entre las partes relativos al aplazamiento de pagos, la condonación parcial de la deuda en caso de que haya intereses abusivos, o la dación en pago, incluso para pleitos ya iniciados siempre que haya un consenso.

Ven fundamental compensar el desequilibrio económico entre los bancos y los deudores. "El consumidor tiene muy limitadas las posibilidades de oposición frente a la ejecución y muy difícil la suspensión provisional de la ejecución forzosa", añade.

Piden valorar con "prudencia" cualquier modificación de la Ley Hipotecaria, mientras que abogan por regular un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, en la que se establezcan plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible.